En un comunicado difundido hoy indica que toma nota de las fechas de los nuevos comicios, previstos para el 9 de octubre, y subraya que las elecciones legislativas y presidenciales celebradas el año pasado estuvieron "bien organizadas y de acuerdo con las normas internacionales".
Agrega, sin embargo, que el análisis publicado el pasado 30 de mayo por la Comisión de Verificación de los resultados de las elecciones del año pasado contiene "fallos legales, de concepto y metodológicos".
Este lunes el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití invalidó las elecciones presidenciales celebradas el año pasado y convocó a nuevos comicios. De acuerdo con el nuevo calendario electoral el 9 de octubre se celebrará la primera vuelta, y, en caso de ser necesario, el 8 de enero del año que viene, la segunda. Así el CEP sigue las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Verificación sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Haití.
El pasado 30 de mayo dicha comisión recomendó anular los comicios presidenciales celebrados el año pasado en el país y la organización de un nuevo proceso electoral al haber detectado casos de fraude.
A pesar de elecciones no hay aún un presidente legítimo
En la nota difundida por la MOE-UE indica que la decisión final sobre si dicha misión debe permanecer en el país corresponde a la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y vicepresidente de la Comisión Europea, Federica Mogherini. Por último, invita a las autoridades haitianas a hacer los esfuerzos necesarios para "preservar las instituciones y contar con la participación del pueblo haitiano en la vida cívica de su país".
Haití celebró el 25 de octubre de 2015 la primera vuelta de las elecciones para elegir presidente, la totalidad de la Cámara de Diputados y una parte del Senado, así como a gran parte de los Gobiernos municipales.
Sin embargo, la segunda vuelta de los comicios fue aplazada en tres oportunidades y el presidente Michel Martelly finalizó en febrero pasado su mandato constitucional de cinco años sin entregar el poder a un sucesor legítimo, accediendo al cargo Jocelerme Privert, presidente del Senado.
