AFP
El Tribunal Constitucional español inició este lunes los trámites para la adopción de medidas punitivas contra líderes separatistas catalanes por aprobar una resolución en el Parlamento regional en la que definían el camino de la comunidad autónoma hacia la independencia.
El Alto Tribunal, que había advertido de la ilegalidad de dicha resolución días antes de su aprobación el pasado miércoles, procedió a su suspensión provisional antes de anularla definitivamente, informó en un comunicado.
También los jueces decidieron iniciar los trámites para una eventual toma de medidas punitivas contra la mesa del Parlamento regional, el órgano que dirige la cámara catalana, por no haber impedido la votación como se le había reclamado previamente.
Estas podrían ir desde una multa de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de funciones o la apertura de un proceso penal contra ellos.
La resolución, aprobada el pasado miércoles por los 72 diputados independentistas de los 135 que integran la cámara regional, defiende la secesión de España como "la única manera posible" para que los catalanes decidan su futuro, y esboza los pasos a seguir para la redacción de la Constitución de la futura república catalana.
En noviembre ya habían aprobado una moción similar, en la que anunciaban el inicio de un proceso de independencia y se declaraban insumisos a las instituciones españolas, que sería suspendida semanas después por este tribunal.
Pero, en esta ocasión la aprobación ocurrió con previo aviso de los magistrados de que incurrirían en una ilegalidad.
El gobierno conservador español recurrió el viernes la medida y pidió a esta corte que inicie un proceso penal contra la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, que en su opinión debería haber paralizado la votación.
Si fuera así, sería la primera vez que el Alto Tribunal hace uso de las nuevas competencias brindadas por el gobierno español para frenar los planes separatistas de los dirigentes de esta rica región de 7,5 millones de habitantes.
Antes, este órgano sólo ejercía de intérprete de la Carta Magna española pero no disponía de mecanismos para hacer cumplir sus sentencias. Gracias a una reforma aprobada en octubre, sus magistrados pueden tomar acciones punitivas contra quien los desobedezca.
Representantes de los partidos independentistas señalaron que desacatarán la decisión del tribunal y seguirán adelante en la elaboración de la Constitución catalana.
Incluso, Anna Gabriel, líder del pequeño partido anticapitalista CUP, advirtió que la inhabilitación de la presidenta del Parlamento regional supondría "un punto de no retorno" en las relaciones entre Cataluña y el gobierno español.
Tras años de auge independentista e infructuosos intentos de celebrar un referéndum de autodeterminación, los líderes separatistas catalanes apostaron por avanzar unilateralmente hacia la secesión amparándose en la mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones regionales de septiembre de 2015.
