Luego de más de ocho horas de deliberaciones a puertas cerradas, la Corte de Apelaciones de Florencia (Italia) confirmó este martes la condena en primera instancia contra el capitán del crucero Costa Concordia, Francesco Schettino, quien fue sentenciado a 16 años de cárcel tras ser hallado culpable de los delitos de homicidio involuntario, lesiones y abandono de barco, entre otros.

Schettino, quien había recurrido su sentencia, no se presentó en la audiencia y permaneció en su casa de Meta di Sorrento, cerca de Nápoles (sur). La defensa del excomandante, representada por los abogados Saverio Senese y Donato Laino, había solicitado la nulidad del dictamen judicial en primer grado y que se reconociera una repartición de responsabilidades entre quienes estaban al mando de la embarcación el día del naufragio, el 13 de enero de 2012.

Por su parte, el fiscal general sustituto de Florencia, Giancarlo Ferrucci, había pedido para Schettino una condena de 27 años de reclusión y tres meses de arresto. Ferrucci había solicitado nueve años de reclusión por naufragio, frente a los cinco establecidos en primera instancia por la Justicia; quince años por homicidio imprudente y lesiones múltiples, y tres años por abandono de personas en la nave. En total, 27 años de prisión, contra los 16 de condena en primera instancia.

Otro año más

La defensa de Schettino arguyó que no existían pruebas para culpabilizar a su cliente del accidente, donde 32 personas perdieron la vida cuando la embarcación se acercó imprudentemente a la costa, encallando y volcando hacia uno de sus costados. A bordo del buque había 4.229 personas. Schettino puede volver a apelar, esta vez ante un Tribunal de Casación. De así hacerlo, el proceso tomará al menos otro año.

Los abogados del capitán han insistido en que la tragedia fue resultado de fallos organizacionales atribuibles a la empresa del barco, Costa Crociere, y que su encargado indonesio y la guardia costera italiana eran corresponsables. Costa Crociere evitó potenciales cargos criminales aceptando una responsabilidad parcial en los hechos y acordando un pago de una multa de un millón de euros.

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