AFP
La guerra verbal entre Madrid y los independentistas catalanes volvió a reavivarse, confirmando el fin de la tregua política tras los atentados en Cataluña, cuyo saldo aumentó este domingo a 16 víctimas mortales con el fallecimiento de una ciudadana alemana.
A diez días de los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils (Cataluña, noreste de España), el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, emplazó a los separatistas a renunciar al referéndum de secesión que programan realizar el 1 de octubre.
"A mí me gustaría y a la inmensa mayoría de los españoles también, que algunos responsables políticos renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad, es lo último que quiere en estos momentos la mayoría de la sociedad catalana", expresó en un evento de su Partido Popular (PP, derecha) en Galicia.
Rajoy criticó así al gobierno regional catalán, dirigido por Carles Puigdemont, decidido a realizar el referéndum de autodeterminación de la región con 7,5 millones de habitantes, que según Madrid es ilegal y no tendrá lugar.
"Nuestro compromiso con celebrar el referéndum de autodeterminación es absoluto", reafirmó Puigdemont en una entrevista publicada este domingo en el diario digital catalán El Nacional.
En medio de llamados a la unidad contra el terrorismo, las tensiones habían amanaido desde los atentados, cuyo saldo se elevó este domingo con la muerte de la mujer alemana, de 51 años, a 16 víctimas mortales y más de 120 heridos, de ellos aún 5 en estado crítico.
Abucheos
Pero volvieron a salir a flote en los últimos días.
En una multitudinaria marcha contra la violencia yihadista, la tarde del sábado en Barcelona, el rey de España Felipe VI y Rajoy fueron abucheados por manifestantes con banderas independentistas catalanas.
No obstante, el rey, Rajoy, Puigdemont y representantes de los gobiernos regionales y partidos del país marcharon codo a codo, bajo el lema "No tengo miedo" y junto a centenares de miles de personas.
"La mejor respuesta: la paz" y "No a la islamofobia" decían pancartas enarboladas junto a rosas rojas, blancas y amarillas, los colores de Barcelona, en la marcha que tuvo en primera fila a los colectivos que socorrieron a las víctimas en Las Ramblas de la ciudad más turística de España: policías, bomberos, médicos...
"Han sido momentos muy duros. (...) A nivel psicológico no estás nunca preparado para algo así", dijo a la AFP Montse Rovira, jefa del servicio de emergencias sociales del ayuntamiento de Barcelona.
El 17 de agosto, una furgoneta conducida por un joven marroquí arrolló a toda velocidad a la multitud en Las Ramblas. Horas más tarde, cinco miembros de la célula yihadista intentaron otro atropellamiento masivo en el paseo marítimo de Cambrils, donde fueron abatidos por la policía.
El grupo fue aparentemente adoctrinado por un imán marroquí, muerto junto a otro integrante de la célula cuando explotaron en su guarida las bombas que preparaban para realizar atentados más mortíferos contra grandes monumentos.
De los cuatro presuntos miembros de la célula aún vivos, dos están encarcelados por presuntos "asesinatos terroristas" y dos quedaron en libertad vigilada.
El pulso político entre Madrid y Barcelona llegó a salpicar la investigación, ya que aunque la policía catalana recibió elogios también fue criticada por sindicatos de policía y Guardia Civil, que la acusaron de excluirlos por razonas políticas.
Sin retroceder
Pese a los atentados, Puigdemont ha reiterado su voluntad de celebrar la consulta prometida en entrevistas a medios desde el viernes.
"Llevamos muchos años con ello a la espalda, hemos hecho muchas cosas y hemos llegado hasta aquí. ¿Alguien piensa que con lo que nos queda de tramo ahora es el momento de retroceder?", se reafirmó este domingo.
Pero Rajoy, que insiste una y otra vez que no habrá referéndum, garantizó que el gobierno español defenderá "la soberanía nacional, la Constitución española y la legalidad de Cataluña".
Según un sondeo reciente, 49,4% de los catalanes estarían en contra de la secesión, frente al 41,06% favorable. Pero una gran mayoría (más del 70%) de ellos quiere que se celebre el referéndum para zanjar la cuestión.
Rajoy ha amenazado con enjuiciar y sancionar a quienes organicen la consulta, declarada inconstitucional por la justicia española.
Cuatro políticos catalanes, entre ellos el expresidente de la comunidad, Artur Mas, ya fueron condenados por haber organizado en 2014 una primera consulta simbólica prohibida, en la que participaron unos 2,3 millones de personas y un 80% votó por la independencia.
