"Si vives y sales a trabajar por tu familia y yo, mientras tanto, cuido a tus hijos y a tus mayores, ¿no te parece lo más justo que yo también esté en condiciones dignas de trabajo?" dice a DW Carolina Elías Espinoza, presidenta de la plataforma "Servicio Doméstico Activo", que celebra la reciente resolución del Parlamento Europeo que aboga por una directiva europea para profesionalizar el servicio doméstico y de cuidados.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los 2,5 millones de personas que se dedican a esto en este momento en la UE, el 80 por ciento son mujeres y el 29,9 por ciento están completamente excluidos de la legislación laboral nacional. Es decir, sin derecho a baja por maternidad, ni a vacaciones, con un salario muy inferior a la media del país, como en Francia, y una jornada laboral larga e impredecible. "Esta realidad impone un alto costo para la salud y el bienestar de las trabajadoras domésticas. Además, afecta la eficacia y la calidad del servicio que ofrecen a sus empleadores", dice el informe de la OIT, de marzo de 2016.
La mayoría, extranjeras
En España, más del 60 por ciento de servidores domésticos son extranjeras. En ese porcentaje no se incluye a las que ya están nacionalizadas. "Tampoco refleja a todas aquellas que trabajan en la economía sumergida, porque no han podido acceder a un permiso de trabajo o porque sus empleadores no les quieren dar de alta en la seguridad social", cuenta Elías Espinoza. A su plataforma pertenecen, en su mayoría, mujeres latinoamericanas, pero también hay varias filipinas, polacas, y algunas españolas.
"El proyecto migratorio que trae cada una nos condiciona: por trabajadora doméstica, por mujer y por extranjera estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Para nosotras, la ley de extranjería es una pescadilla que se muerde la cola: para una regularización administrativa nos piden un contrato de trabajo; para un contrato de trabajo, un visado", relata Elías Espinoza. Por miedo, muchas de las que trabajan en condición irregular guardan silencio ante la explotación laboral.
Ella misma, abogada salvadoreña, llegó hace 7 años para realizar un máster en Igualdad de Género. Al prolongar su estudio en un programa doctoral, tuvo que buscar fuentes de ingresos. Al no poder homologar sus títulos, entró en el sector de cuidados, como el 80 por ciento de las latinoamericanas que han llegado a Europa en las últimas dos décadas.
La activista salvadoreña pone ejemplos: aunque la ley española prevé jornadas de 8 horas, la media es de 12. Si se trabaja como interna, llegan a ser hasta de 16. En caso de despido, no hay derecho al desempleo y las bajas por enfermedad que están previstas en la ley distan en la realidad mucho de respetarse. "Al pedir permiso para ir al médico, la respuesta suele ser: ¿y con quién dejo a mis hijos?", apunta.
Invisibles, imprescindibles
"En España la legislación no está mal, lo que pasa es que la mayoría de las veces no se cumple. Aparte de la ley, tiene que haber políticas activas y mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las leyes e inversión pública. Según un informe del sindicato Comisiones Obreras, si se invirtiera un 2 por ciento en la economía de cuidados, se podrían crear dos millones de puestos de trabajo", comenta a DW la eurodiputada Tania González Peñas. Esta, junto con la eurodiputada griega Kostadinka Kuneva, se encargó del informe base de la resolución en la Eurocámara. "No es tolerable que sean millones los que realizan estos trabajos en la economía informal, en condiciones laborales muy precarias y en ocasiones casi de esclavitud", prosigue González Peñas.
Sí se puede
"Hay que entender que los cuidados son absolutamente necesarios en nuestra sociedad", asegura la eurodiputada española. En el informe se expone que, en este momento, el 20 por ciento de la población europea es mayor de 65 años. Para el 2050, el porcentaje alcanzará el 25 por ciento. "Los cuidados y los trabajos domésticos pueden ser una fuente de empleo muy interesante si se ponen los mecanismos", afirma.
Cabe resaltar que en la misma UE hay países que han regulado mejor que otros este sector. Entre ellos, Bélgica: el usuario de los servicios compra en una oficina central "cheques de servicios". Con ellos se paga al empleado doméstico, quien, a su vez, los entrega a la empresa privada de servicios donde está registrado. La empresa se encarga tanto del trato con el cliente como de las prestaciones, bajas y cargas sociales del trabajador. El usuario recibe, al final del año, del Fisco belga una reducción impositiva por cada "cheque" comprado.
Como fuere, lo que prueba este modelo es que "con apoyo del Estado, la sociedad y las empresas, sí es posible profesionalizar este sector y dar a las trabajadoras domésticas todo los derechos que se establecen en el Convenio 189 de la OIT", subraya Elías Espinoza. Este convenio del 2011 ha sido ratificado en la UE solo por Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia y Portugal. En el informe del Parlamento Europeo, se insta también a la Comisión Europea a que "anime a sus Estados para que lo ratifiquen con urgencia".
Así las cosas, "la resolución del Parlamento Europeo es un instrumento de mínimos, pero, para nosotras, es un salto a nivel social y político, pues hemos conseguido que se hable de este trabajo tan importante, pero invisible", concluye Elías.
