AFP
El Senado español abre este viernes una sesión extraordinaria para intervenir la autonomía regional catalana, cuyo parlamento está a un paso de declarar la independencia, un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles.
Sin un giro político inesperado de última hora, España y Cataluña entrarán en una situación política inédita en su historia democrática.
La región, que fue junto al País Vasco la primera en recobrar el derecho a la autonomía en España tras el retorno de la democracia, perderá cautelarmente su autogobierno.
De aprobarse las medidas que pide el gobierno conservador de Mariano Rajoy, Cataluña verá su gobierno destituido, su parlamento intervenido y sus instituciones controladas por el ejecutivo central.
"Tenemos que rescatar a Cataluña" afirmó la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, ante el desafío independentista, que en los últimos días cayó además en una enorme confusión política.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, renunció a convocar elecciones anticipadas, que quizás hubieran evitado la votación en el Senado, por considerar que Rajoy no le daba suficientes garantías.
En el parlamento catalán, el plenario, que arrancó el jueves, se reanuda a las 12:00, y podría intervenir Puigdemont.
El simbólico "choque de trenes" de ambas cámaras coincidiría durante la jornada.
Puigdemont debilitado
Debilitado por las presiones de todos los lados, Puigdemont, de 54 años, un ex alcalde de arraigadas convicciones independentistas, prefirió no convocar comicios y devolver la palabra al parlamento catalán.
Según Puigdemont, el parlamento es el "depositario" del resultado del polémico referéndum del pasado 1 de octubre, en el que el 90% dijo sí a la secesión.
Ese referéndum fue declarado inconstitucional por la justicia, y la intervención del gobierno central impidió que se realizara con garantías.
El proyecto independentista divide además en dos a la sociedad catalana, y menos de la mitad de sus electores acudió a las urnas.
Tras la consulta, Puigdemont dijo en el parlamento que el "mandato popular" era claro: aprobar la independencia. Luego suspendió esa declaración, para intentar negociar sus términos con Madrid.
Por su parte, el gobierno de Rajoy logró el consenso con la mayoría de la oposición (socialistas y liberales) para atajar ese desafío mediante la solicitud al Senado de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de un autogobierno en aras de la unidad y el bienestar de la nación.
Las autoridades catalanas invocan el derecho a la autodeterminación, contemplado en la ONU, y el gobierno central recuerda que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español.
Rajoy ha ganado claramente el apoyo internacional, mientras que Puigdemont cuenta con una poderosa capacidad de movilización en las calles.
Hasta ahora esas movilizaciones han sido pacíficas. El gobierno central tiene por su parte a miles de policías desplazados en territorio catalán.
Momentos de dramatismo
Cataluña representa casi el 20% del PIB español. Con 7,5 millones de habitantes, es uno de los motores económicos de España.
Pero más de 1.500 empresas ya han decidido mudar su sede social de la región ante la inseguridad jurídica.
"La sombra de la desaceleración, si no de la recesión, amenaza ya" advirtió la vicepresidenta española.
Entre los planes del gobierno central, si son aprobados por el Senado, está convocar elecciones en menos de seis meses.
Pero esas elecciones no arrojarían un resultado muy diferente del actual, predicen las encuestas, aunque es una incógnita el desgaste que puede provocar en las fuerzas nacionalistas la agonía política de las últimas semanas.
La sesión del parlamento catalán el jueves tuvo momentos de dramatismo.
"Usted puede ir al Senado mañana. Me ofrezco a acompañarlo", le dijo a Puigdemont uno de los líderes opositores, el socialista catalán Miquel Iceta.
Fuentes gubernamentales de ambos lados confirmaron a la AFP que hubo mediaciones de actores políticos y empresarios hasta el último minuto.
Las posibilidades de una marcha atrás son escasas, coincidieron esas fuentes.
La aplicación del artículo 155 es además un desafío porque implica destituir al gobierno de Puigdemont, que podría además ser enjuiciado, e intentar gestionar en su lugar a más de 200.000 funcionarios catalanes.
Asociaciones independentistas ya han anunciado un boicoteo a ese control por parte de Madrid, y la extrema izquierda está dispuesta a movilizarse.
En medio quedan los catalanes que no quieren ni la independencia ni la intervención.
"Siempre dividirnos y fragmentarnos nos debilita, y siempre a los más fuertes les es más fácil imponernos sus medidas" declaró a la AFP Núria Suárez, portavoz de la asociación de izquierdas Recortes Cero, a la salida del parlamento.
