El Senado de Argentina instaló este martes la sesión en la que debatirá un proyecto de legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, dos años después de que una iniciativa similar fue rechazada en esa cámara.

La sesión, que transcurre con algunos congresistas presentes en la sala y otros participando de forma remota, comenzó a las 16:00 horas con la asistencia de 67 senadores, indicó la presidenta de la cámara, Cristina Kirchner.

Hay 58 oradores inscritos y se estima que la votación ocurrirá en la madrugada. Miles de manifestantes a favor y en contra de la propuesta ocuparon las calles aledañas al Congreso, con afiches y banderas, en una calurosa jornada del verano austral.

Un proyecto para legalizar el aborto fue rechazado en agosto de 2018 por el Senado, por 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones. Sin embargo, en esta ocasión las fuerzas se muestran más parejas y nadie se atreve a anticipar el resultado.  

El Presidente de centro-izquierda Alberto Fernández fue esta vez el impulsor de la iniciativa, inspirado en los principios de la organización Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, identificada con el verde, color que tiñó manifestaciones multitudinarias.

"Soy católico pero tengo que legislar para todos. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia (en 1983) murieron más de 3.000 mujeres por esa causa", ha señalado Fernández.

El gobierno calcula que hay entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, en un país de 45 millones de habitantes.

La oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, que adoptó el color celeste, tiene como abanderadas a la Iglesia Católica y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, promotoras también de masivas marchas callejeras.

El Papa Francisco, antiguo arzobispo de Buenos Aires, publicó este martes un tuit en el que destacó que "el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura", un mensaje que, pese a no ser explícito, la prensa interpretó como de rechazo a la ley.

Votos sin definir 

La gobernante alianza Frente de Todos posee 41 de las 72 bancas en el Senado, pero no todos los oficialistas apoyan el proyecto. La oposición de centro-derecha se encuadra casi mayoritariamente en contra, aunque cuenta con destacados defensores del proyecto.

"En el Senado hay muchos votos que aún no están definidos. Se conocerá recién al final", admitió la senadora oficialista Nancy González.

Las conjeturas sobre el desenlace de la sesión contemplan la ausencia de dos declarados senadores contrarios a la legalización de la IVE. Uno de ellos está de permiso luego de ser denunciado por acoso sexual y el otro, el expresidente Carlos Menem, de 90 años, está hospitalizado grave con dolencias cardíaca y renal.

En caso de igualdad, el reglamento marca que desempata la titular del cuerpo, Cristina Kirchner, quien se declaraba antilegalización hasta 2018, cuando cambió su postura.

La propuesta llega al Senado tras la media sanción de los diputados, el 11 de diciembre pasado, alcanzada con 131 votos positivos, 117 negativos y seis abstenciones.

Revolucionarios u objetores

Hasta ahora en Argentina el aborto sólo se permite en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, legislación que rige desde 1921.

"La marea verde es una revolución feminista en movimiento y es intergeneracional", dijo a la AFP María Florencia Alcaraz, autora del libro "¡Qué sea ley!", en defensa del aborto voluntario.

En América Latina, el aborto es legal sólo en Cuba, Uruguay y Guyana, así como en la Ciudad de México.

La iniciativa prevé la objeción de conciencia individual o de un establecimiento de salud, aunque los objetores tendrán obligación de derivar a la paciente a otro centro hospitalario.

Junto al proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, el Senado evaluará también en esta sesión una propuesta complementaria del gobierno, el Plan de los 1.000 días, destinada a apoyar material y sanitariamente a mujeres de sectores vulnerables que deseen ser madres, para evitar que motivos económicos induzcan a un aborto.

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