Varias regiones españolas solicitaron el viernes (23.10.2020) al gobierno central la declaración de un estado de alarma que ampare restricciones para frenar la expansión del COVID-19 como, por ejemplo, el toque de queda aplicado en otros países europeos.
Estas peticiones llegaron después de una comparecencia extraordinaria del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que advirtió de la gravedad de la situación pero no anunció grandes medidas de ámbito estatal para combatir el virus.
"Es necesario que haya una declaración del estado de alarma que afecte al conjunto del Estado", anunció Iñigo Urkullu, el influyente presidente del País Vasco (norte), el primer dirigente regional en solicitar esta medida al gobierno central.
A su petición se sumaron en cascada los gobiernos de Extremadura, Asturias, Navarra, La Rioja, Cataluña y Castilla-La Mancha. En su opinión, esta declaración ampararía legalmente restricciones severas a la movilidad como el mismo toque de queda.
Entre mediados de marzo y hasta finales de junio, el gobierno de Sánchez empleó esta herramienta para imponer un severo confinamiento a toda la población que ayudó a controlar la primera ola del coronavirus.
Después, la gestión recayó nuevamente en los gobiernos de las 17 regiones españolas, responsables en sanidad. Pero las medidas adoptadas por estas administraciones requieren del beneplácito de la justicia que, en varias ocasiones, las rechazó alegando que limitaban libertades fundamentales.
