AFP
Los mandatarios europeos aprobaron este sábado en una cumbre sin Reino Unido sus orientaciones políticas en las negociaciones de salida del primer país en 60 años de proyecto europeo.
A continuación, las grandes líneas que deberá seguir el negociador europeo para el Brexit, el francés Michel Barnier, en los hasta dos años de negociaciones y que los líderes podrán ajustar en un futuro de cara a un acuerdo final antes del 29 de marzo de 2019.
Primero, el divorcio
Los 27 insisten en un "enfoque gradual", es decir en que Reino Unido acuerde los términos del divorcio antes de iniciar una discusión sobre su futura relación con la UE, incluido un acuerdo comercial, eventualmente a partir de fines de 2017 si se registran "progresos suficientes".
Las orientaciones especifican que el objetivo es lograr "una retirada ordenada" y evitar "incertidumbres significativas". Reino Unido, en cambio, prefiere negociar el divorcio y la futura relación simultáneamente.
Las líneas políticas de la UE reconocen que la complejidad de las conversaciones sobre un futuro acuerdo comercial dificultan su cierre para finales de marzo de 2019, por lo que abren la puerta a "disposiciones transitorias", siempre y cuando este período esté "claramente definido" y "limitado" en el tiempo.
Derechos de los ciudadanos
La UE ha hecho del derecho de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido, y de los británicos viviendo en el resto de países del bloque, una de sus prioridades, máxime cuando la inmigración europea en territorio británico fue uno de los asuntos que impulsaron a los partidarios del Brexit en el referéndum de junio.
Según las líneas políticas, los 27 quieren garantizar "el derecho a adquirir la residencia permanente tras cinco años seguidos de residencia legal", tanto para los tres millones de británicos residentes en la UE como para al millón de europeos en Reino Unido.
Las normas europeas garantizan actualmente a las personas el derecho a vivir y trabajar donde quieran en el bloque, así como el acceso a prestaciones sociales tanto para ellas como para sus familias.
Factura de salida
La factura a pagar por Londres por sus compromisos financieros adquiridos con sus socios europeos en el marco de los diferentes programas y fondos europeos está considerado como uno de los asuntos más espinosos.
Según fuentes europeas, Bruselas estima en 60.000 millones de euros el monto a abonar por Reino Unido con su marcha, una cantidad criticada por los británicos.
"Este es el asunto políticamente más sensible en la primera fase", estima un alto responsable europeo, para quien es mejor abordarlo antes que después.
"En ocasiones, cuando uno tiene que ir al dentista, quiere posponer la visita todo lo que puede, pero tiene que lidiar con ello", explicó esta fuente.
En sus orientaciones, los líderes subrayan que Bruselas y Londres deben "respetar las obligaciones derivadas de todo el período de pertenencia de Reino Unido a la Unión".
Irlanda del Norte
La cuestión de la frontera entre Irlanda y la británica Irlanda del Norte es otra de las prioridades de los europeos, sobre todo después que Dublín haya advertido contra un eventual regreso de los conflictos a los que pusieron fin los Acuerdos del Viernes Santo de 1998.
Ante la posible vuelta de puestos fronterizos y "teniendo en cuenta las circunstancias únicas" de la isla de Irlanda, las orientaciones señalan la necesidad de hallar "soluciones flexibles e imaginativas, incluso con el objetivo de evitar una frontera física".
Los 27 tienen previsto además apoyar la petición de Irlanda de plasmar en las minutas de la cumbre, que no en las orientaciones, la posibilidad de que Irlanda del Norte pase a estar automáticamente en la UE, si decide reunificarse con su vecina, una hipótesis contemplada en los acuerdos de paz.
Gibraltar
La inclusión en las orientaciones de este pequeño enclave de 32.000 habitantes, cedido por España a Reino Unido en 1713 pero reivindicado por el reino español desde hace décadas, generó un aumento de la tensión entre Londres y Madrid.
Las grandes líneas de las negociaciones establecen que cualquier acuerdo sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE que se aplique a este territorio situado al sur de la península ibérica deberá contar con el acuerdo previo español y británico.
