El 13 de noviembre, de manera casi simultánea, fue atacada la sala de conciertos Bataclan, el Estadio de Francia y varios bares y restaurantes de París. 130 personas murieron. Al día siguiente, el presidente de Francia, François Hollande, declaró el estado de emergencia.
Un año después de los ataques, el país europeo sigue bajo esta medida de excepción.
Desde el 14 de noviembre, el estado de emergencia se fue prorrogando una vez tras otra a lo largo de los últimos 12 meses: primero por tres meses en febrero de 2016 y por dos más en mayo.
En vísperas del 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, el presidente Hollande aseguró que la medida sería levantada tras la conclusión del Tour de Francia.
En esas fechas se acababa de aprobar una nueva ley antiterrorista que ampliaba los poderes de la policía y el mantenimiento de esa medida de excepción no parecía necesario a ojos del gobierno.
Sin embargo, el mismo 14 de julio, un ataque que dejó 86 muertos en la ciudad de Niza. Días después, el estado de emergencia fue prorrogado por seis meses más, hasta finales de enero de 2017.
Y en vísperas del aniversario de los ataques de París, el primer ministro francés Manuel Valls le sugirió a la BBC que es probable que la medida se amplíe más allá.
"Existe el riesgo de ataques como los que vimos en Niza", dijo Valls en el programa Hardtalk.
"A día de hoy es difícil imaginar el fin del estado de emergencia".
Pero, ¿qué consecuencias implica esta medida extraordinaria?
La ley que regula el estado de emergencia en Francia fue creada en los inicios de la guerra de Argelia, en 1955, y desde entonces había sido utilizada en cinco ocasiones: entre 1961 y 1962 en ese mismo conflicto, durante las protestas en Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa en los años 80 y en 2005 con motivo de los disturbios en barrios periféricos de las grandes ciudades.
El Estado de Emergencia permite hacer registros sólo por sospechas. |
Esta medida, pensada para situaciones excepcionales, concede amplios poderes al Ministerio del Interior y a los prefectos, representantes del Estado francés en los departamentos.
"El estado de emergencia otorga poderes que permiten hacer principalmente dos cosas: la primera, hacer registros bajo simples sospechas y sin una relación con un proceso judicial", le explica a BBC Mundo Philippe Cossalter, profesor de derecho público de la Universidad de la Sarre.
Y agrega: "La segunda medida restrictiva es el arresto domiciliario, que permite prohibir a personas sospechosas salir de sus casas y se les obliga ir a identificarse tres veces al día a la comisaría. En el estado de emergencia, ni los registros ni los arrestos domiciliarios necesitan de la intervención de un juez",
Estas dos acciones sin orden judicial fueron especialmente numerosas en los días y semanas inmediatamente posteriores a los ataques de París.
Entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, según datos oficiales, se realizaron más de 3.500 registros y más de 400 personas fueron puestas bajo arresto domiciliario.
En el último tramo del estado de emergencia, entre el 21 de julio y el 26 octubre, se realizaron 477 registros. Y 98 personas permanecieron bajo arresto domiciliario.
Desde el gobierno francés, el estado de emergencia se justifica como una medida necesaria para garantizar la seguridad del país. |
Una situación que levantó críticas desde organizaciones de defensa de las libertades civiles.
"(El arresto domiciliario) tiene implicaciones muy fuertes en términos de vida profesional, social, familiar. Y esto sin que haya ninguna investigación judicial contra estas personas. Formalmente no están acusadas de nada", señala la portavoz de Amnistía Internacional en Francia, Dominique Curis.
"Muchas de las personas que han sido blanco de estas medidas no son sospechosas de vínculos con el terrorismo, sino de ser radicales en su práctica religiosa. Y eso según la interpretación de un prefecto", agrega.
Desde el gobierno francés, el estado de emergencia se justifica como una medida necesaria para garantizar la seguridad del país.
"Toda Francia se encuentra bajo la amenaza del terrorismo islamista", señaló Hollande el 15 de julio, en la misma alocución en la que anunció la prolongación de esta situación.
Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, se plantearon dudas sobre su eficacia.
"Hubo muy pocas investigaciones judiciales abiertas después de los registros que se han dado en el marco del estado de emergencia y, lamentablemente, no se han evitado otros ataques", indica Curis.
De los más de 3.500 registros que se llevaron a cabo durante los seis primeros meses del estado de emergencia, según datos del Senado francés, 593 dieron pie a procesos judiciales.
"Todas las investigaciones demuestran que (el estado de emergencia) no ha sido útil para luchar contra el terrorismo más allá de tal vez algunos días", asegura Yves Sentimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París 8.
"A la policía y a los militares no les gusta porque es mucho trabajo para una eficacia que no es visible. Y además, el dinero que necesita el estado de emergencia se podría utilizar mucho mejor para desarrollar los servicios de inteligencia", agrega el experto.
Para Philippe Cossalter, casi un año después de los atentados de París, el estado de emergencia está justificado "política, pero no jurídicamente".
"Si se produjera un atentado y el gobierno hubiera levantado el estado de emergencia, se le reprocharía su debilidad. Y sobre todo en periodo electoral, no se lo pueden permitir", apunta.
Los expertos consultados por BBC Mundo también expresan dudas desde el punto de vista jurídico, especialmente, respecto a la reducción de libertades que implica el estado de emergencia.
En este sentido, de acuerdo con Cossalter, la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento del estado de emergencia plantea un dilema de fondo que, señala, ya surgió tras los atentados de 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
"Son medidas que permiten suplir la ineficacia del sistema judicial para gestionar la amenaza terrorista, que no es una amenaza convencional en la que se identifica claramente a alguien que ha cometido un acto. Aquí, las personas son sospechosas de tener la intención de hacer algo malo. El sistema judicial clásico no está adaptado a esto".
"La cuestión de fondo que se plantea es moral: ¿aceptamos la posibilidad de abandonar la idea de que sólo se puede condenar a los culpables? En ese caso quizá tendremos más seguridad, pero aceptaríamos abandonar los principios elementales de protección de libertades, nuestros derechos fundamentales", señala.
Los operativos de seguridad han aumentado en todo el país. |
Sin embargo, la política y la sociedad francesas no parecen hacerse eco -al menos de forma mayoritaria- de las críticas que frente al estado de emergencia que pronuncian profesores universitarios y juristas.
"La derecha acepta la situación porque viene de una tradición que apoya este tipo de políticas. La llamada izquierda radical es muy débil en el parlamento y no tiene poder real para expresar desacuerdo. De modo que en general se puede decir que ha habido una especie de consenso en torno al estado de emergencia y su aplicación", sugiere Philippe Marliere, profesor de política francesa y europea en el University College de Londres.
Y tampoco la mayor parte de la sociedad francesa -apuntan los expertos- ve un problema en esta situación.
"En la sociedad la mayoría está a favor del estado de urgencia porque en el fondo, no les influye mucho. El estado de urgencia influye, sobre todo, a los musulmanes islamistas. En el día a día, no hay toque de queda, no hay obligaciones suplementarias (…). El ciudadano medio -blanco, cristiano- no ha visto el estado de urgencia", afirma Cossalter.
Sin embargo, advierte el profesor Sentimer desde la Universidad París 8, esta falta de reacción puede suponer riesgos de cara al futuro.
"Puede ser muy peligroso acostumbrarse al estado de emergencia. Ahora, en París y en otras ciudades francesas grandes estamos acostumbrados a ver militares en la calle con las armas (…).
"En muchos países europeos hay un desarrollo de tendencias autoritarias y xenófobas y no se puede decir lo que va a pasar en Francia en los próximos años. Las fronteras que se han atravesado en el último año son fronteras peligrosas que pueden ser después pretextos para tendencias autoritarias mucho más fuertes que hoy", finaliza el experto.