AFP
Al menos cinco policías resultaron heridos en Panamá en enfrentamientos con indígenas, que habrían lanzado hachas y lanzas a los uniformados en rechazo a la reactivación de una polémica central hidroeléctrica, informaron este viernes fuentes oficiales.
"Sin duda alguna hubo enfrentamientos", donde los manifestantes arrojaron a la Policía "piedras, hachas y palos con lanzas", dijo a periodistas el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, según el cuál "el gobierno tuvo que entrar" para restablecer el orden.
El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, dijo que agentes antidisturbios intervinieron en la noche del jueves para despejar una carretera en Gualaquita, en la provincia atlántica de Bocas del Toro, cuyo tránsito estaba cortado por indígenas desde hacía más de dos días.
"De forma constante" los agentes dialogaron con los manifestantes para reabrir la carretera, y al no lograrlo "nuestras unidades intervinieron bajo órdenes precisas del excelentísimo señor Presidente (Juan Carlos Varela) y mi persona", dijo Pinzón a periodistas.
Según Pinzón, los agentes no utilizaron "armas letales" en los incidentes, en los que cinco policías resultaron heridos, de los cuales tres fueron trasladados en helicóptero a la capital para recibir atención especializada.
En los disturbios "se logra capturar a cinco hermanos originarios" (indígenas), los cuales "inmediatamente fueron llevados al centro de atención médica", afirmó Pinzón.
Para Varela, los manifestantes querían "desafiar a la autoridad o buscar una crisis" con sus protestas.
El lunes, y tras más de un año de mediaciones de la ONU, Varela firmó un acuerdo con autoridades de la comarca indígena Ngäbe Buglé para permitir la continuación de la central hidroeléctrica Barro Blanco, situada a 350 km al suroeste de la capital.
El proyecto, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue suspendido en 2015 por el gobierno de Panamá por incumplimientos ambientales, aunque permitió que la empresa panameña Genisa, concesionaria de la planta, terminara las obras.
El acuerdo establece que Genisa será sustituida por otra compañía y que el 15% de las ganancias de la hidroeléctrica se destinarán a los territorios indígenas, aunque algunos grupos rechazan lo firmado por temor a perder sus tierras y acusan a sus dirigentes de traición.
Una periodista que cubrió las protestas publicó en su cuenta de Twitter imágenes de indígenas con heridas de consideración, pero se desconoce cuántos manifestantes heridos pudo haber, ya que muchos prefieren no acudir a los hospitales para no ser detenidos.
El diario La Prensa informó en su edición digital que la fiscalía ordenó abrir una investigación de los hechos.
