AFP
Un muerto, el cuarto desde que estallaron hace 60 días las protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, dejó el viernes un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la provincia de Islay, al sur de Perú, informaron fuentes médicas.
El manifestante, de 55 años, llegó sin signos vitales a la posta de salud de Cocachacra
director de la seguridad social en Islay
"El manifestante, de 55 años, llegó sin signos vitales a la posta de salud de Cocachacra", dijo a la radio RPP el médico Walter Vera, director de la seguridad social en Islay. A consecuencia de los enfrentamientos en estas protestas, que se iniciaron el 23 de marzo, ya han fallecido otros dos civiles y un policía.
Las protestas del viernes dejaron además siete heridos, cuatro manifestantes y tres policías, durante los incidentes en los que la población intentó tomar por asalto la comisaría de la localidad de Cocachacra, epicentro de las protestas en rechazo al proyecto de 1.400 millones de dólares de la mexicana Southern Copper.
Según los manifestantes, la víctima falleció producto de un balazo en el pecho, lo que no fue confirmado ni desmentido por el centro de Salud de Cocachacra.
Desde el 23 de marzo, pobladores de la provincia de Islay, región Arequipa (sur), iniciaron protestas contra la ejecución del proyecto cuprífero Tía María, al considerar que puede afectar la agricultura y contaminar sus tierras y agua.
Las protestas habían amainado en la última semana desde que la minera Southern Peru -filial de la mexicana Southern Copper- anunció una pausa por 60 días del proyecto Tía María para buscar entendimientos, tras un llamado del presidente peruano Ollanta Humala a buscar el diálogo.
"Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, la semana pasada.
Para ayudar a los más de 2.000 policías en la contención de las protestas, el gobierno militarizó Islay desde hace dos semanas con el envío de un contingente de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que resguardan instalaciones estratégicas, como puentes y locales públicos.
Asimismo Humala no ha descartado la posibilidad de decretar el estado de emergencia en esa zona, que permitiría a los militares tomar el control.
Juicio y protesta como presión
La violenta jornada del viernes coincide con una audiencia judicial clave en la ciudad de Arequipa (sur), donde un tribunal debe decidir si acepta o rechaza el pedido de nueve meses de prisión preventiva para uno de los principales dirigentes de las protestas: Pepe Julio Gutiérrez, el presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, donde se encuentra Cocachacra.
Gutiérrez está detenido acusado de los delitos de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.
Según la denuncia, que se sustenta en una grabación de una conversación, Gutiérrez habría pedido dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto.
El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte del policía en las protestas, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes. Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de "injusta" su detención y responsabilizó al presidente Humala del hecho.
El gobierno peruano ha descartado la suspensión del proyecto, blanco de estas violentas manifestaciones que le han costado al presidente Humala una caída en su popularidad de seis puntos porcentuales hasta situarse en 21% en mayo.
"No se puede suspender lo que no se ha iniciado", dijo Humala hace una semana, recordando que Tía María aún no ha empezado a construirse, pero que se espera entre en operación en 2017.
En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, la minería es clave para su crecimiento económico.
