El presidente de Argentina, Alberto Fernández, entregó el miércoles (04.01.2023) su petición de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema y los restantes miembros del máximo tribunal de justicia ante los diputados oficialistas Germán Martínez y Carolina Gaillard.
Según informó Presidencia, el mandatario convocó a Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (peronista), y a Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, para hacerles entrega del documento que impulsa junto a 11 gobernadores para que "inicien su pronto tratamiento legislativo".
Pese a que inicialmente se informó de que 12 de los 24 gobernadores del país respaldaron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en un capítulo más de la tensión política entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal, fueron 11, ya que, según indicó la prensa local, el de Entre Ríos (noreste) abandonó el proyecto.
Fernández había adelantado el 1 de enero la intención de impulsar el juicio político al presidente del Supremo, Horacio Rosatti, por, según indicó este martes, "mal desempeño en sus funciones".
Junto a los gobernadores solicitaron también que se inicie el proceso de juicio político para el resto de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- por "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad".
El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición, que rechazó la iniciativa del Ejecutivo.
No obstante, la comisión de Juicio Político de Diputados puede iniciar el debate y una investigación.
Un reciente fallo de la Corte Suprema obligó al Estado nacional a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, por un valor del 2,95 % de la denominada coparticipación federal, frente al 2,32 actual.
En opinión del mandatario, el fallo del Supremo es una inyección económica a la carrera política de Rodríguez Larreta en año electoral.
Las diferencias entre el Ejecutivo y el Supremo también abarcan decisiones sobre la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-, en un contexto en que la vicepresidenta, Cristina Fernández, afronta varias causas por presuntos hechos delictivos ocurridos durante sus mandatos (2007-2015).
En una de ellas, el pasado 6 de diciembre la exmandataria fue condenada por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.
