La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, sale en libertad bajo fianza, luego de haber pagado este viernes una fianza de 150.000 euros. La independentista pasó la noche en la cárcel madrileña de mujeres de Alcalá-Meco.
Forcadell declaró el jueves ante esta corte, junto a otros cinco diputados, investigados por rebelión, sedición y malversación como integrantes del órgano rector del Parlamento catalán que permitió la votación de una declaración de independencia el 27 de octubre.
El juez decretó prisión para Carme Forcadell hasta que pague la fianza y dejó en libertad sin medidas cautelares a uno de ellos, el único no independentista. Los otros cuatro recibieron plazo de una semana para pagar una fianza de 25.000 euros.
"La fianza de Carme Forcadell ya ha sido pagada. ¡Bienvenida a casa! ¡No pararemos hasta que estéis todos!", señaló de su lado en Twitter la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), que había ofrecido hacerse cargo de los pagos, para lo que pidió donaciones.
"Muchas gracias a todas y todos por vuestro apoyo, calor y estima", tuiteó Forcadell la noche del jueves.
También investigados por el pulso secesionista, están en prisión preventiva dos dirigentes de asociaciones independentistas y ocho miembros del gobierno catalán destituido. Mientras tanto, el presidente Carles Puigdemont y otros cuatro antiguos ministros esperan en Bélgica la resolución de la justicia de ese país sobre su entrega a España.
Una independencia simbólica
En su declaración, Forcadell, una comprometida activista independentista, sostuvo que su cargo no le daba "libertad para impedir votaciones", como cuando la mayoría secesionista del parlamento proclamó la república catalana.
Su defensa alegó, además, que la declaración de independencia no tuvo "efectos jurídicos", según fuentes presentes en el interrogatorio.
Algo que podría irritar a una parte de los fervientes independentistas.
"No han traicionado absolutamente nada", matizó este viernes el diputado que quedó libre sin medidas cautelares, Joan Josep Nuet. "Hicieron un esfuerzo de sentido común, de decir cosas que son evidentes y que la gente no las dice porque no queda bien", aseveró a la radio Rac1.
La proclamación de independencia, hecha en base a un referéndum realizado el 1 de octubre pese a la prohibición de la justicia, quedó en nada.
Pocas horas después, el gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont, disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 21 de diciembre en esta región de 7,5 millones de habitantes, profundamente dividida sobre la independencia.
Nueva manifestación
Los secesionistas, que se han manifestado ante las encarcelaciones de parte de su gobierno, buscan mantener las movilizaciones de calle de cara a los comicios, donde esperan retomar el poder de la región.
Así, han convocado a una nueva protesta el sábado en Barcelona a partir de las 17 hora local, que tendrá al frente a familiares de los líderes encarcelados.
Los convocantes esperan que sea tan multitudinaria como las organizadas en estos últimos años los días 11 de septiembre, fiesta nacional de Cataluña.
De su lado, el gobierno español ha multiplicado los llamados a una amplia movilización de los no independentistas en estos comicios, cuyo resultado se prevé muy ajustado, afirmando esperar una vuelta a cierta normalidad.
"Sería importante que hubiera una participación masiva (...) Espero que de aquí vayamos a una situación de moderación y tranquilidad", afirmó el jefe de gobierno Mariano Rajoy el jueves, en un evento junto al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, opuesto al independentismo.
A diferencia de 2015 cuando fueron en coalición, los principales partidos independentistas catalanes competirán esta vez por separado.
Desde Bruselas, Puigdemont ha reclamado sin éxito un frente unitario. "Hay que echar democráticamente de nuestras instituciones a quienes las han querido hacer suyas con un golpe de Estado", dijo en una carta.
