El fiscal general del Perú, Pedro Chávarry, presentó este miércoles ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesta compra de votos de parlamentarios para impedir ser destituido en marzo. La denuncia alcanza también a la vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, y a parlamentarios o exparlamentarios oficialistas y de oposición que, por sus cargos, tienen derecho a antejuicio en el Congreso antes de ir a manos de la Justicia.
La acción de Chávarry, quien está en "guerra" con el oficialismo, deriva de los sucesos de comienzos de año, cuando legisladores fueron grabados en video o audios mientras ofrecían prebendas a colegas para que votaran contra la destitución de Kuczynski. Los ofrecimientos, coordinados entre otros por el luego desaforado congresista Kenji Fujimori, fueron grabados por uno de quienes recibieron las propuestas, Moisés Mamani.
Ni Kuczynski ni Aráoz -entonces jefa del gabinete ministerial-, aparecen en las cintas, pero los interlocutores dan a entender que estaban enterados de la trama. El caso erosionó las pocas esperanzas que tenía Kuczynski de no ser destituido por un Congreso que lo acusaba de "incapacidad moral" por sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, lo que lo llevó a renunciar en favor de su videpresidente, Martín Vizcarra.
Chávarry, acusado por sus subalternos de hacer parte de una red de corrupción que operaba en el aparato judicial, es señalado como un supuesto aliado de FP, cuya máxima líder, Keiko Fujimori, está en prisión provisional mientras se la procesa por supuestos lavado de activos y crimen organizado. Analistas y actores políticos acusan al fiscal general de estar en un intercambio de favores con FP, para que los congresistas de ese partido lo blinden e impidan una destitución que podría dejarlo en manos de la Justicia a cambio de ayuda para Keiko.
En las consideraciones finales de la denuncia, publicada por la prensa local, se dice que la "presente investigación versa sobre presuntos actos de corrupción en los que se encuentran involucrados desde el más alto funcionario del Estado y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo, situación que trajo como consecuencia, además de una crisis del aparato estatal, la renuncia obligada del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski".