El futbolista Lionel Messi, el presidente ucraniano Petro Poroshenko, el presidente argentino, Mauricio Macri; todos ellos han tenido “empresas de papel” o aún las tienen, según lo revelado en los Papeles de Panamá.
Tales empresas constan con frecuencia solo de un buzón postal. Pero este es de suma importancia porque, gracias a él, la firma tiene una sede y puede pagar impuestos en el país del buzón. Si allí las tasas son inferiores a las del propio país de origen, se ahorra dinero. Otra ventaja: la empresa puede ser administrada por otra persona, que no es la dueña del dinero, de modo que esta última no queda al descubierto. También es posible encubrir flujos de capitales, lo cual posibilita a su vez lavar dinero obtenido en forma ilegal y multiplicarlo.
¿Es un delito tener una empresa de papel?
No, la mera posesión de una empresa en el extranjero –aunque sea de papel- no viola la ley. “Pero cabe preguntarse por qué alguien se da esa molestia”, plantea el experto tributario y europarlamentario de Los Verdes Sven Giegold, acotando: “En el fondo, eso solo se hace cuando uno tiene algo que ocultar en el propio país”.
El límite de la legalidad se transgrede cuando una empresa genera ganancias por las que no se paga impuestos en el país de origen de su dueño. Por regla general eso constituye una evasión tributaria, ya que según el principio universal de tributación se pagan los impuestos en el país en que se está domiciliado.
¿Son ricos todos los dueños de ese tipo de empresas?
En principio, cualquiera puede abrir una “empresa de papel”. Pero ¿reporta ello alguna utilidad? “No”, responde Sven Giegold, y aclara: “Solo vale la pena tener una ‘empresa de papel' si se obtienen ganancias del capital, y a gran escala”.
Además, hay que pagar los caros honorarios de bufetes como Mossack Fonseca. Semejante paso solo resulta comprensible cuando una persona ha perdido por completo la confianza en el sistema bancario o jurídico del propio país. “Pero, en tal caso, cabe preguntarse si Panamá sería la primera opción”, dice el europarlamentario, autor del libro “Secar los oasis tributarios”.
¿Qué información pueden obtener los inspectores tributarios?
Mediante los Papeles de Panamá nos enteramos por lo pronto solo de que determinados deportistas y políticos a todas luces han tendido participación en “empresas de papel”. Eso aporta una nueva herramienta a los inspectores tributarios. “Ahora, los organismos fiscales tienen que averiguar si las empresas allí reveladas figuran también en las declaraciones de impuestos de esas personas”, dice Giegold.
Las autoridades ya han puesto manos a la obra. Por ejemplo, los inspectores tributarios de España y Austria están examinando los datos que se han dado a conocer. Por su parte, algunos afectados por las revelaciones, como Messi y Macri, han emprendido su defensa, negando cualquier cargo. Todo dependerá finalmente del resultado que arrojen las investigaciones.
¿Qué medidas se puede adoptar?
“Los bancos son la clave”, a juicio de Sven Giegold. Los dueños de tales empresas por lo general no dejan su dinero aparcado en Panamá u otro paraíso tributario, sino que quieren ponerlo a trabajar. No en vano aparecen en los Papeles de Panamá también los nombres de varios bancos –también alemanes- que aceptaron con gusto el dinero de sus clientes. Giegold demanda pues que los bancos tengan que reportar negocios con extranjeros a sus países respectivos.
Estados Unidos ya ha recabado experiencia en la materia. Por ejemplo, los bancos suizos tienen que darle a aviso si hacen negocios con estadounidenses. Claro que es solo un primer paso.
¿Qué daño ocasionan las “empresas de papel”?
Los Estados pierden sumas millonarias debido a la evasión tributaria. Pero, según Giegold, el mayor perjuicio se genera por el hecho de que el delito sigue siendo atractivo: “Tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión… todo eso no sería posible sin un sistema financiero que da espacio a los negocios sucios”.
El asunto también tiene repercusiones sociales, cuando sobre todo los ricos logran evadir impuestos sin que tengan que rendir cuentas a la Justicia. “Eso destruye a largo plazo la confianza en la democracia y el Estado de Derecho”, afirma el europarlamentario.
