La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está en un lugar de pesadilla para cualquier jefe de Estado: al borde del despeñadero y buscando equilibrio para evitar perder el cargo en una caída.
La autorización que la cámara de Diputados dio el domingo a la apertura de un juicio político en su contra complicó aún más el panorama para Rousseff, debilitada por un escándalo monumental de corrupción y una dura crisis económica.
Ahora corresponde al Senado decidir por mayoría simple si abre el juicio político a la presidenta, lo que la obligaría a apartarse del cargo por hasta 180 días.
Y si luego dos tercios de los senadores o más la condenaran por presunto uso ilegal de dinero de bancos públicos para encubrir el déficit fiscal, la primera mujer presidenta de Brasil sería destituida.
Rousseff, que tiene 68 años y pertenece al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), evitó pronunciarse tras la votación de diputados en la noche del domingo; se espera que hable este lunes.
Pero el abogado general del Estado y hombre de extrema confianza de la mandataria, José Eduardo Cardozo, aseguró que está resuelta a ir "hasta el fin" en la lucha por el cargo que ocupa desde 2011.
"Si alguien cree que ella se curvará, se equivoca", dijo Cardozo, señalando que en el último régimen militar brasileño (1964-1985) Rousseff fue presa por integrar un grupo opositor guerrillero y "no se acobardó".
Sin embargo, diferentes analistas advierten que para la presidenta brasileña será extremamente arduo continuar su segundo mandato hasta fin de 2018.
La prueba del Senado
La cámara de Diputados era quizá el lugar con más probabilidades de que naufragase el impeachment, porque necesitaba el apoyo de dos tercios de los 513 miembros, es decir, 342 votos.
Pero la votación final superó con holgura esa mayoría especial: 367 diputados a favor y 137 en contra. Hubo además siete abstenciones y dos ausencias.
El proceso parece tener un camino más sencillo en el Senado, ya que con el apoyo de una mayoría simple de 41 de los 81 miembros se abriría el juicio político y el vicepresidente Michel Temer pasaría a ser presidente interino de Brasil.
Diferentes proyecciones indican que ya hay suficientes senadores dispuestos a votar para que eso ocurra, tal vez en la primera mitad de mayo.
"Muy probablemente será apartada (del cargo) y se va a crear una nueva realidad en el país, con un nuevo gobierno (y) un nuevo presidente", indicó Cristiano Noronha, analista político y vicepresidente de la consultora Arko Advice, con sede en Brasilia.
"Y si ella en el ejercicio de la presidencia no consiguió evitar este impeachment en la cámara, es muy difícil que consiga revertirlo si la aparta el Senado", agregó en diálogo con BBC Mundo.
Opciones
Cardozo adelantó que la principal estrategia de la defensa de Rousseff en el Senado "será mostrar la fragilidad del informe" aprobado por los diputados, que señala indicios de crimen de responsabilidad de la presidenta.
Rousseff, que no está acusada de actos de corrupción, niega haber cometido delito alguno y afirma que gobiernos anteriores realizaron el mismo manejo contable que le cuestionan a ella.
Sin embargo, la votación de diputados sugiere que ese argumento está lejos de reunir mayorías en el Congreso.
Muchos anticipan que la presidenta también buscará cuestionar la legalidad delimpeachment ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia de Brasil.
La mayoría de los ministros del Supremo fueron nombrados por la propia Rousseff o por su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, incluido su presidente, que supervisaría el juicio político en el Senado.
Pero el Supremo ya mostró independencia al rechazar la semana pasada un pedido del gobierno para parar la votación del impeachment en Diputados, por supuestos vicios legales.
Entonces, ¿qué salida puede quedarle a Rousseff?
Las calles
Algunos analistas creen que la única esperanza que le resta a la presidenta es queaumente de la presión sobre el Senado a su favor, ya sea desde el exterior o de las propias calles de Brasil.
La mandataria ha insistido en los últimos días en que existe un intento de golpe de Estado en su contra, acusando a Temer y al presidente de Diputados, Eduardo Cunha, de conspirar en su contra.
"La decisión de la cámara de Diputados amenaza con interrumpir 30 años de democracia en el país", sostuvo el jefe de gabinete de Rousseff, Jaques Wagner, en un comunicado en la noche del domingo.
Presidentes de países la región y los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) han expresado preocupación por la situación de Brasil, cuestionando la legalidad del impeachment.
El tema divide a juristas dentro de Brasil, pese a que el Supremo ha acompañado el proceso.
La presión de las calles solía ser un fuerte del PT, que fue fundado durante el régimen militar en 1980 y que de la mano de sindicatos supo plantar oposición a diversos gobiernos, hasta que Lula llegó a la presidencia en 2003.
Algunos analistas señalan que Temer carece de popularidad (las encuestas le dan entre apenas 2% de intención de voto para 2018) y un gobierno interino a su cargo debería lidiar con la crisis económica.
Experto en derecho constitucional, miembro del partido centrista PMDB y salpicado por recientes denuncias de corrupción, Temer negó el fin de semana que planee recortar programas sociales como ha insinuado Rousseff.
Pero los partidarios de la presidenta ya anticipan protestas y huelgas contra un gobierno encabezado por el actual vicepresidente.
"Los movimientos sociales están yendo a la calle a manifestarse a favor de la democracia y van a ser más agresivos", dijo Aldo Medeiros, un profesor de idiomas de 54 años que el domingo asistió a un acto contra el impeachment en Río de Janeiro.
"Depende mucho más de las callesque del Parlamento la continuidad del proceso de impeachment", indicó Aldo Fornazieri, director académico de la Escuela de Sociología y Política en São Paulo, a BBC Mundo.
Fornazieri dijo que una salida a la crisis política sería que la presidenta proponga llamar a elecciones generales este año, enviando un proyecto de reforma constitucional al Congreso, algo que según medios brasileños ya considera el PT.
Eso implicaría que Rousseff renuncie a los dos años y medio de mandato que le restan.
Pero, si lo aprobase un Congreso que está en pie de guerra con ella, tal vez le evitaría una caída más dolorosa desde lo alto de la presidencia.
