La tarde de este jueves, el Poder Judicial de Perú aprobó el pedido de la Fiscalía local y decretó 18 meses de prisión preventiva contra el Expresidente Pedro Castillo.
Recordemos que el exmandatario peruano, acusado de perpetrar un golpe de Estado tras clausurar el congreso y decretar toque de queda, fue acusado de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Según recoge Radio Programas del Perú (RPP), la Fiscalía argumentó que existe flagrancia en el delito que se le imputa, ya que el exmandatario llamó a las Fuerzas Armadas a cumplir las disposiciones que había adoptado al momento de decretar el fallido intento de golpe de Estado.
El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y adelanto de elecciones ya dejan diez fallecidos.
Un juez declaró este jueves fundado un pedido de la fiscalía para detener a Castillo preventivamente por 18 meses, porque considera que existe "peligro de fuga" del exmandatario, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre, según el texto de la sentencia.
Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024.
"Ya sabíamos lo que se venía (...) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval", dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa dijo que apelará.
El exgobernante es acusado de los delitos de rebelión y conspiración, por tratar de dar un golpe de estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en "flagrancia" cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Fallecidos y enfrentamientos
Las movilizaciones populares se mantienen; especialmente en el interior del país.
La Defensoría del Pueblo dijo que dos personas fallecieron tras un violento enfrentamiento entre manifestantes y militares en el aeropuerto de Ayacucho (sur), subiendo a una decena las muertes desde que estallaron las protestas.
El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. "Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero", dijo la Defensoría.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
Cerca de 2.000 camiones de carga bolivianos están varados en el sur de Perú, en la frontera con Bolivia.
En Lima, decenas de manifestantes aún acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, un maestro rural de izquierda, de origen humilde, pidiendo su libertad.
"Estoy en total desacuerdo con la justicia peruana, porque todo está comprado", dijo Rolando Arana, un manifestante de 38 años que llegó hasta el lugar desde Huancavelica (sur).
"El pueblo quiere que se vayan todos, Dina Boluarte y los congresistas, queremos una restauración para el Perú. Vamos a luchar hasta el último, el profe Castillo no hecho nada malo", agregó.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman "terroristas".
"Desde día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos 'terrucos'. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos", recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
"Nos vamos todos"
Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días.
Este jueves, durante una ceremonia en la Fuerza Aérea, Boluarte exhortó al Congreso a aprobar la reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del 2026 al 2023.
"Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo", dijo.
El Parlamento inició este jueves el debate para adelantar las elecciones generales, lo que requiere de una reforma constitucional.
Mientras tanto, manifestantes de todo el Perú también se congregaron en los alrededores de la céntrica Plaza San Martín de Lima, histórico epicentro de las protestas.
Algunos piquetes en el centro de Lima fueron dispersados con gases lacrimógenos.
"En el Perú no hay justicia. Se aplica a unos y no a otros (...) Esto deja entrever nuestra historia de racismo y clasismo contra los pueblos indígenas, contra el Perú profundo", dijo la profesora Estefania Rivera, de 28 años, natural de Puno, tras conocer la decisión contra Castillo.
"La justicia tiene que ser la misma para todos, pero si le caen 18 meses (a Castillo), está bien. Yo no estoy a favor ni de Castillo ni de Boluarte, Estoy aquí para un Perú mejor", dijo por su parte Jorge Sandoval, un obrero de 26 años.
La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que este jueves llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.
