El narcotráfico es la principal fuente de financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, actividad que se compromete a abandonar según los acuerdos de La Habana. “Se comprometen a dejar el negocio de la droga en la medida en que el negocio de la política les va a ser más redituable como fuerza política legal. Sin embargo el éxito de la incorporación política de las FARC, consituyéndose como partido, como fuerza política, determinará si los demás grupos que quedan fuera, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se incorporarán en el futuro“, afirma Edgardo Buscaglia, investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, de Nueva York.
El reconocido analista en temas de narcotráfico y financiamiento ilícito, destaca que el éxito en la paulatina desmovilización guerillera y del acuerdo de paz mismo, dependerá de la habilidad del sistema político colombiano para proteger la vida de los ex guerrilleros convertidos en políticos y lograr su reintegración social.
Buscaglia recuerda el caso de la Unión Patriótica, partido político nacido tras el acuerdo de paz entre Belisario Betancur y las FARC en 1984. A lo largo de dos décadas 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 diputados. “Si se evita esa matanza y que sus líderes comiencen a ser desaparecidos y el proceso de incorporación a la legalidad es suave y de acuerdo a los planes, otros grupos criminales que quedan fuera van a seguir los mismos pasos que las FARC. Se van a seguir incorporando“.
El narcotráfico seguirá en expansión
Se estima que las FARC controlan entre un 60% y un 70% del tráfico de cocaína colombiana; participan en distintos eslabones de la cadena, incluso en las exportaciones y tienen vínculos con importantes grupos, como el Cártel de Sinaloa. Un negocio, que según la organización InSight Crime, que analiza el crimen organizado en Latinoamérica, deja a la mayor guerrilla armada de Colombia más de $200 millones de dólares al año.
El politólogo Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México, afirma que pese al acuerdo de paz, el negocio de las drogas continuará y el vacío que dejen las FARC será ocupado por otros grupos criminales, como las Bandas Criminales de Colombia (BACRIM), que según la Defensoría del Pueblo de Colombia, están presentes en 27 de los 32 departamentos del país. “Los vacíos que dejen las FARC se llenarán, aunque no con la misma articulación con la que contaba el grupo armado. Las BACRIM están en condiciones de participar en la producción y trasiego de drogas, además los combos delincuenciales pueden reforzarse incluso con ex combatientes de las FARC desmovilizados formalmente, pero que no cuenten con condiciones de reinserción funcionales en sus comunidades y que no encuentren tampoco opciones laborales, pues su conocimiento específico es el ejercicio de la violencia“.
Carlos Flores subraya sin embargo, que las FARC no son el único actor involucrado en el tráfico de cocaína en Colombia y que su desmovilización no desarticulará por completo la producción local ni la cadena regional de distrubición de la droga.
Sustitución de cultivos ilícitos
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, reportó en julio pasado un aumento de los cultivos de coca en un 39% en 2015, un aumento de más del doble respecto a las 47.788 hectáreas registradas en 2012. Un hecho que provocó un debate sobre la estrategia antidorgas en Colombia. La fumigación de estos cultivos con glifosato, pilar de la estrategia antinarcóticos de Colombia por muchos años fue prohibida en 2015 debido a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su potencial cancerígeno.
Según Buscaglia, reintroducir la fumigación con glifosato sería como 'frenar un acorazado con una bala'. “Es un espasmo represivo que tiene consecuencias sociales en la salud de campesinos en las zonas rurales afectadas. El proceso de sustitución de cultivos es un proceso gradual, acompañado de inversión social y en infraestructura, en irrigación, en canales de desagüe, en escuelas, caminos, etc. El proceso de paz tiene en cuenta un concierto de inversión muy amplio que permitirá que los campesinos en las zonas rurales comiencen a sustituir los cultivos con mucho más factibilidad que antes“.
Buscaglia asegura que un acuerdo de paz legitimado por la sociedad colombiana que permita que sea implementado “golpeará a la delincuencia organizada colombiana en general. El mejor amigo de la delincuencia organizada es un conflicto armado, debido a los enormes vacíos del Estado y de las violaciones a los derechos humanos de la población civil“. El analista insiste en que un proceso de paz que desarme a las FARC, aunque sea parcialmente, con un Estado que toma posesión del territorio con infraestructura social es el mejor antídoto contra la delincuencia organizada.
Por su parte el abogado Luis Guillermo Pérez, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, una de las organizaciones de Derechos Humanos más reconocidas de Colombia, coincide en que el acuerdo de paz no va a terminar con el problema del narcotráfico, pero subraya que es importante que haya garantías en la sustitución de cultivos de uso ilícito, para que los sectores agrarios involucrados en esos cultivos, sobre todo los más afectadas por el conflicto, como son los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, tengan la posibilidad de hacer un trabajo en condiciones dignas que les garantice ingresos a largo plazo.
Regulacion internacional sobre las drogas y elecciones en EE.UU.
Los expertos coinciden en que la única manera de frenar narcotráfico y las jugosas ganancias que genera es una regulación y legalización internacional. “No olvidemos que hay más de 395 drogas sintéticas y naturales que están siendo consumidas, la cocaína es una sola. Es necesaria una convención abarcativa que cubra esas drogas, muchas de las cuales se van rediseñando muy rápido. Es necesaria una convención abarcativa que cubra todo el expectro de drogas psicoactivas y les aplique un criterio regulatorio muy estricto, del mismo tipo que se le aplica al acceso al válium y a otros medicamentos“.
Buscaglia advierte que mucho dependerá de quién gane las elecciones en noviembre en Estados Unidos. “Si es Hillary Clinton, que considera el problema de las drogas como una cuestión de salud pública y de coordinación entre naciones, o si gana Trump. En cuyo caso la política represiva va a prevalecer, con más muros, más soldados y más policías. De eso depende que surja o no una nueva Convención de la ONU adecuada que aborde el problema de producción de drogas, más allá de Colombia“.
