El Gobierno de Perú ha adelantado que solicitará a las autoridades de Chile una nueva ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori para que pueda ser juzgado por otros seis delitos más, entre ellos los de homicidio y secuestro.
"Desde el momento en que hemos llegado al ministerio estamos trabajando en todos los aspectos que nos corresponde, entre ellos, las extradiciones paralizadas y dentro de ellas hemos encontrado seis casos del expresidente Fujimori, algunos por delitos muy graves como homicidio calificado", ha explicado el ministro de Justicia, Aníbal Torres, informa la agencia Andina.
El expresidente Fujimori fue extraditado desde Chile en 2007 para ser juzgado por delitos de lesa humanidad por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que fueron asesinadas una veintena de personas, por los que cumple actualmente una condena de 25 años.
La Justicia peruana necesita el visto bueno de las autoridades chilenas en virtud del acuerdo de extradición que ambos países firmaron. Sin ese aval, el expresidente Fujimori no puede ser juzgado por otros nuevos delitos que pudieran salir en su contra pues no se incluyeron en un primer momento.
En esta ocasión, las autoridades peruanas buscan sentar ante la Justicia a Fujimori por varios delitos de homicidio calificado, secuestro y corrupción.
"Esos son los casos de extradición activa que se solicitarán a Chile, es una ampliación de la extradición para que sea juzgado por estos delitos, está sentenciado, pero estos procesos no pueden quedar archivados, deben seguir su curso", ha explica el ministro Torres.
No es la primera vez que el nuevo Gobierno de Perú del presidente, Pedro Castillo, realiza movimientos en este sentido. El mes pasado, el Ministerio de Justicia pidió formalmente a Chile ampliar la extradición para acusar a Fujimori de la venta de armamento a las ya desparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Fujimori también está a la espera de conocer si finalmente también es procesado por la esterilización forzosa de casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
