AFP
A petición de veinte países, además del secretario general, Luis Almagro, los 34 Estados del Consejo Permanente convendrán en la sede del organismo continental, en Washington, a las 14:00 locales.
Ésta será la tercera reunión en una semana sobre Venezuela ante el cuerpo de 34 países activos del ente continental, y la primera tras la lluvia de críticas internacionales por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), de mayoría opositora, y retirar la inmunidad a los parlamentarios.
La convocatoria de la presidencia del Consejo, hecha a últimas horas del viernes, solo prevé la evaluación de "los recientes eventos en Venezuela".
Pero trece gobiernos - entre ellos, Chile- buscarán aprobar un proyecto de resolución que declara que las decisiones del máximo tribunal venezolano "son incompatibles con la práctica democrática y son una violación del orden constitucional" en el país petrolero.
La iniciativa, que de aprobarse constituiría el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año, está respaldada entre otros por Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú y México, cuyas capitales lideraron las expresiones regionales de condena y preocupación por los fallos.
Aún así el texto necesitaría al menos 18 votos (una mayoría de los 35 países miembros de la OEA; Cuba fue reintegrada pero no participa) para ser aprobada en el Consejo Permanente.
Aunque seis países del Caribe, que suele estar alineado con Venezuela, se unieron a las voces que convocaron la sesión, solo uno, Antigua y Barbuda, respalda el proyecto de resolución.
Además, Bolivia asume este sábado la presidencia del Consejo Permanente, lo que dará la oportunidad de moderar el debate a un fuerte aliado de Venezuela.
El texto insta a Venezuela a restaurar las competencias de la Asamblea Nacional y resuelve implementar en ese país "mecanismos interamericanos" para la "preservación de la democracia", conforme a la Carta Democrática Interamericana.
Caracas se niega a cualquier intervención de la OEA en sus asuntos internos, y el lunes la canciller, Delcy Rodríguez, acusó a una "facción minoritaria" de conducir una campaña "injerencista".
El presidente Nicolás Maduro negó igualmente el viernes que en Venezuela haya una "ruptura del orden constitucional".
"Las cosas cambiaron"
Incluso la crisis se podría disipar antes de la reunión: según un acuerdo de los poderes públicos venezolanos en la madrugada del sábado, el máximo tribunal revisará las dos sentencias.
El proyecto de resolución se alinea con las expectativas de la oposición venezolana, por años impaciente ante lo que acusan indiferencia de los países vecinos.
"Las cosas cambiaron drásticamente porque se materializó el cierre del poder más representativo de la democracia," dijo el dirigente opositor Henrique Capriles, tras reunirse con Almagro en la sede de la OEA.
Declarando una "hora decisiva en el continente", Capriles igualmente llamó a la mayoría de los gobiernos a exigir la convocatoria de elecciones en Venezuela, así como la liberación de un centenar de "presos políticos" y el establecimiento de un canal humanitario para atender la profunda escasez de alimentos y medicinas.
Los venezolanos padecen la inflación más alta del mundo, que, de acuerdo con el FMI, cerró 2016 en 475% y podría llegar a 1.660% este año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó este viernes a la oleada de condenas a Venezuela, denunciando una "usurpación de las funciones del Poder Legislativo".
Venezuela acude a la reunión con una erosión de sus apoyos en la OEA.
El martes no pudo bloquear un debate sobre la situación en el país en el seno del organismo, y veinte países se comprometieron en una declaración a encontrar "soluciones diplomáticas" a la crisis. El documento solo fue una expresión de los gobiernos, y el ente no aprobó ninguna resolución.
Pero hasta ahora los países se han alejado de las recomendaciones de Almagro, que condenó un "auto golpe en Venezuela", y ha pedido aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender de la organización al país si no convoca a elecciones generales en un mes.
Aprobada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.
