Este domingo, cientos de personas marcharon en Nicaragua para manifestar su descontento con lo que describen como un "circo electoral”, haciendo referencia a los comicios generales del 6 de noviembre, en los que el presidente, Daniel Ortega, aspira a su cuarto mandato, el tercero en forma consecutiva. En esta oportunidad, su esposa, Rosario Murillo, aspira a la vicepresidencia. Los críticos del Gobierno sostienen que desde 2008 el Consejo Supremo Electoral (CSE) beneficia al oficialismo cada vez que se llama a votar.
Esa acusación se hizo más vehemente después de que se suprimieron las misiones de observación de los comicios y se neutralizó legalmente al principal grupo opositor, que reclamaba "elecciones libres y transparentes”. En julio de 2016, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibió a dirigentes opositores nicaragüenses excluidos de participar en los comicios electorales por maniobras judiciales promovidas por grupos afines al Gobierno de Ortega.
"Por la democracia y la dignidad electoral” y "Yo no boto mi voto” fueron algunas de las consignas más recurrentes en las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua, y en Jinotepe, a unos 60 kilómetros de la capital, Managua. Organizaciones opositoras exigen la suspensión de los comicios mediante los cuales se elije al presidente, al vicepresidente, a noventa legisladores para la Asamblea Nacional y a veinte diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los diferentes grupos opositores de Nicaragua convocaron a una "abstención activa”, que consiste en que la población no solamente se abstenga de participar en las elecciones, sino también exprese por qué lo hace. Mientras tanto, el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaban instalar una "mesa de conversación e intercambio constructivo” para analizar conjuntamente el proceso electoral en marcha en el país centroamericano. Así lo informó este domingo la secretaría de ese organismo.
Almagro envió un informe al Gobierno de Nicaragua "ponderando los hechos” sobre el actual proceso electoral. Tras recibir el informe, el Gobierno nicaragüense mostró "disposición” a colaborar con la Secretaría General de la OEA para estudiar juntos los temas relacionados. No se dieron a conocer detalles de los plazos. No todos han recibido esa noticia con optimismo: la oposición venezolana lleva años protestando por la falta de independencia de los poderes públicos –incluida la máxima autoridad electoral, dominada por fichas del oficialismo– sin que ni la OEA ni ninguna otra instancia internacional haya podido influir para que se corrija esa violación del Estado de derecho.
