Doce países de la Organización de Estados Americanos (OEA) integran a partir de este jueves el "grupo de trabajo" para Nicaragua, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones para la crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.
El anuncio de los miembros del "grupo de trabajo" se hizo hoy durante un Consejo Permanente de la OEA, en Washington. La embajadora de Costa Rica ante el organismo, Rita María Hernández, que ocupa la Presidencia del Consejo Permanente, informó de que los integrantes serán Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
La creación del "grupo de trabajo" fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA. La resolución fijaba el 10 de agosto como límite para la constitución del grupo y establecía que debía estar compuesto por por un mínimo de cinco miembros.
Durante la sesión, el ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Denis Moncada, reiteró su oposición a la que sería una de las mayores competencias de ese "grupo de trabajo": designar una misión que visite el país, para lo que siempre es necesario el consentimiento del Ejecutivo correspondiente. "Nicaragua rechaza y condena esta acción irrespetuosa de un grupo de países de este Consejo al intentar constituirse en una autoridad extranjera, inmiscuyéndose en los asuntos internos que competen exclusivamente a los nicaragüenses", subrayó Moncada.
ONU pide parar con "caza de brujas"
Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU exhortaron al Gobierno de Nicaragua a "detener la represión" y la "caza de brujas" contra las voces disidentes y participantes en protestas opositoras, informó hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En un comunicado en su página web, el organismo advirtió que casi cuatro meses después del inicio de las protestas contra el presidente Ortega "ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre" en el país.
"Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como 'terrorismo'", señaló el informe. Destacó que el Gobierno ha despedido a médicos que atendieron a manifestantes heridos, mientras otras voces críticas como líderes campesinos, estudiantes y representantes de la Iglesia católica "siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos".
