Los presos de la ciudad de Parma, en el norte de Italia, están en huelga de hambre por las deficiencias sanitarias y el hacinamiento, sumándose a una serie de protestas en las cárceles del país, donde los casos de suicidio y autolesiones son los más altos de la historia.
El Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni ha respondido amenazando con tipificar como delito incluso las protestas pacíficas, una medida severa que, según los expertos, no tiene parangón en ninguna otra democracia occidental.
La medida forma parte de una serie de iniciativas de Meloni en materia de orden público, que establecen nuevos delitos y endurecen las penas para los ya existentes, con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de junio.
Si una cláusula poco conocida de un proyecto de ley de seguridad del Gobierno se convierte en ley, los reclusos como los de Parma que golpeen los barrotes de sus celdas o se nieguen a trabajar o comer podrían ver duplicada su pena de cárcel, una posibilidad que preocupa tanto a los expertos jurídicos como a los trabajadores penitenciarios.
Según ellos, el verdadero problema de las cárceles italianas es que están superpobladas y carecen de personal suficiente, lo que dificulta el acceso de los reclusos a los servicios sanitarios, psiquiátricos y educativos.
Como consecuencia, abundan los problemas psicológicos, la moral baja y las protestas son frecuentes, ya sea por motivos personales o por las condiciones degradantes.
"Cuando los presos recurren a la resistencia pasiva para protestar, tenemos formas de afrontarlo, escuchándoles primero y, si es necesario, sujetándoles", afirma Donato Capece, que fue funcionario de prisiones durante casi 50 años y ahora dirige el sindicato del sector, Sappe.
"Tengo dudas sobre la clasificación de estos casos como delitos", añadió.
Angela Della Bella, profesora de derecho penal de la Universidad de Milán, afirmó que añadir nuevos delitos y penas más largas al código penal supondrá más tribunales congestionados y más hacinamiento en las cárceles, lo que agravará una situación ya de por sí crítica.
Las cárceles italianas albergaban a casi 61.000 reclusos a finales de enero, unos 10.000 más de la capacidad oficial, según datos de Antigone, una organización para el bienestar de los presos.
Al mismo tiempo, hay un déficit de casi 7.000 guardias, el 16% de la plantilla.
"El número de presos aumenta y no damos abasto", afirma Capece.
LEY Y ORDEN
En Parma, un centenar de detenidos del módulo de alta seguridad de la cárcel iniciaron el 24 de febrero una protesta de cuatro semanas, negándose a comer o a trabajar, para exigir una mejor higiene y atención sanitaria en la cárcel, más llamadas telefónicas a las familias y mejores oportunidades de educación.
La prisión, que alberga a un total de 700 reclusos, sólo cuenta con siete "educadores", figuras que se supone desempeñan un papel clave en la rehabilitación y la preparación para la vida en el exterior.
Veronica Valenti, funcionaria de la ciudad encargada de velar por los derechos de los presos, dijo que la protesta era "legítima" y se basaba en quejas reales.
Andrea Delmastro, viceministro de Justicia italiano y responsable del sistema penitenciario, no quiso hacer comentarios sobre la propuesta de criminalizar la resistencia pasiva en las cárceles, pero afirmó que no se puede tolerar la mala conducta penitenciaria en general.
"Cuando personas que han sido privadas de libertad porque han hecho algo malo intentan provocar disturbios con violencia contra cosas y personas, deben ser castigadas", afirmó.
El proyecto de ley continúa el sello de ley y orden del Gobierno de Meloni. Una de sus primeras medidas tras asumir el cargo en 2022 fue la represión de las fiestas rave sin licencia, con penas de cárcel y multas para los organizadores.
Francesco Maisto, garante estatal de los presos en Milán, dijo que el proyecto de ley de prisiones parecía negar el derecho a la protesta consagrado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2005.
También va en contra de la Constitución italiana, "en la que un preso tiene tanto derechos como deberes", afirmó.
AUMENTO DE LOS SUICIDIOS
Desde principios de año se han producido 21 suicidios en las cárceles italianas, frente a nueve en la misma etapa de 2023, según los datos de Antigone.
Della Bella, profesor de Derecho en Milán, afirmó que la tipificación como delito de la "resistencia pasiva a la ejecución de órdenes", castigada con hasta ocho años de cárcel, convertiría a Italia en un caso único entre los ordenamientos jurídicos occidentales.
En Gran Bretaña y Estados Unidos existe el delito de "motín" carcelario, pero sólo se aplica a acciones violentas. No existe nada similar en otros países europeos.
El proyecto de ley se presentó en noviembre y ahora está en el Parlamento, donde el Gobierno, con su amplia mayoría, no debería tener dificultades para aprobarlo.
(Angelo Amante informa desde Roma, editado por Gavin Jones y Angus MacSwan; editado en español por Mireia Merino)
