Durante la tarde de este miércoles, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció un "gobierno de excepción" y disolvió el Congreso de dicho país.
La decisión se dio a pocas horas del debate de la moción de vacancia en su contra de parte del Congreso. Y es que este miércoles, el Parlamento iniciaría la puja por llegar a los 87 votos para poder destituir al jefe de Estado peruano a raíz de la tercera moción de vacancia que enfrentaba Castillo desde que inició su administración. En la acusación, apuntaban al mandatario de incurrir en "incapacidad moral permanente" producto de investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción.
Frente a esta situación, al menos tres ministros ya presentaron su renuncia tras el cierre inconstitucional del Congreso.
Según publicó el diario El Comercio de Perú este miércoles, primero fueron los ministros César Landa (Relaciones Exteriores), Alejandro Salas (Trabajo) y Kurt Burneo (Economía). Más tarde se sumó Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos).
De acuerdo con la publicación, la renuncia de estos tres ministros se dio luego del mensaje de Pedro Castillo, en el que denunció que habría una “dictadura parlamentaria” y la instauración de un gobierno de excepción.
A través de una declaración, el mandatario peruano indicó que decidía "convocar, en el más breve plazo, a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo congreso se gobernará mediante decretos de Ley", según recogió el citado medio.
Castillo también decretó un toque de queda a nivel nacional a partir de este miércoles 7 de diciembre, desde las 22 horas y hasta las 4 horas de la jornada siguiente.
Junto con ello, anunció que declaraba la reorganización del sistema de justicia, afectando al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Adicionalmente, el presidente Castillo indicó que quienes poseían armamento ilegal debían entregarlo a la policía dentro de las próximas 72 horas y quienes no lo hicieran serían sancionados con la privación de libertad "que se establecerá en el decreto de Ley".
Tras sus declaraciones, se iniciaron una serie de manifestaciones en distintos puntos del país, principalmente en la capital, Lima.
