La Ley de Seguridad Interior promovida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprobada en el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación ha sido rechazada vehementemente por Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. En un país con 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos en una década, la normativa en cuestión legitima la participación de agentes militares en las tareas para combatir el crimen, algo que las Fuerzas Armadas ya hacen desde hace más de diez años; ellas fueron sacadas de sus cuarteles para apuntalar la llamada lucha contra el narcotráfico en el período 2006-2012, cuando Felipe Calderón era jefe de Gobierno.
Entre otras cosas, la ley establece que, a pedido de autoridades estatales, el presidente podrá emitir una declaratoria de protección de seguridad interior para que las fuerzas federales –que incluyen a las Fuerzas Armadas– intervengan en una zona determinada para combatir la inseguridad que los Gobiernos locales no puedan afrontar. Aunque Peña Nieto promulgó la controvertida Ley de Seguridad Interior este 21 de diciembre, aseguró que ésta no entraría en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia confirme su constitucionalidad. "Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país”, admitió el mandatario.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de la seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, añadió. La promulgación de la ley en cuestión no sólo fue condenada por organizaciones no gubernamentales, sino también por organismos multilaterales y agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Éstas instancias consideran que la medida sólo perpetúa la militarización del país.
Según Peña Nieto, esta ley "recuerda la necesidad” de definir si se debe seguir el esquema de tener más de 1.800 Policías municipales o en su lugar "construir” 32 Policías estatales, como propuso hace tres años al Congreso de la Unión. El presidente subrayó que, pese a los esfuerzos en materia de seguridad, muchos estados no han desarrollado Policías confiables, sólidas y eficaces. Por otro lado, sostuvo que son más de seiscientos los municipios que "no cuentan con una fuerza policial propia” y calificó esta situación como un ejemplo de "debilidad institucional” que ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para aumentar su actividad en algunas zonas y en ocasiones para "intentar tomar el control de esos territorios”.
El Congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior el 15 de diciembre. Para algunos, esa es una forma de regular el papel de los militares en actividades de seguridad pública que vienen realizando desde hace más de dos lustros. Para otros, la normativa eternizará su presencia en las calles.
