"Hoy los mexicanos (...) nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción", dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante el evento de promulgación. "Todos los días (...) la sociedad se entera de actos de corrupción de servidores públicos y de particulares". "Con el nuevo sistema nacional anticorrupción trabajaremos para erradicar los abusos de quienes no cumplen con la ley, de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos que se desempeñan de forma íntegra y honesta", añadió.
Bajo el nuevo esquema, los funcionarios públicos deberán presentar además de su declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal. A estas dos últimas no estaban obligados. El SNA recibió críticas de legisladores de oposición que se quejaron de que el sistema deja protegido al Presidente de la República, que mantiene su fuero y no puede ser juzgado más que por traición a la patria o por delitos graves del fuero común, como homicidio.
Legisladores también mantienen su fuero Peña, su esposa Angélica Rivera y su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, fueron exonerados el año pasado por el hasta hoy Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, de haber incurrido en conflicto de interés por haber comprado casas en condiciones ventajosas a un contratista del Gobierno. Videgaray ha negado las acusaciones, mientras que Rivera dijo que vendería los derechos de una millonaria mansión que adquirió en uno de los barrios más exclusivos de la capital.
Peña pidió perdón durante el evento por la indignación que provocó entre los mexicanos la llamada "Casa Blanca" de su esposa y admitió que dañó la confianza en el Gobierno. No aclaró si ella ya vendió los derechos de la casa, como dijo que haría, y de lo que no se ha informado. "En carne propia sentí la irritación de los mexicanos (...) por eso, con toda humildad les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé", dijo el mandatario.
Sus niveles de popularidad se encuentra en mínimos, según encuestas, y su partido, el PRI, perdió importantes bastiones en recientes comicios considerados claves hacia las presidenciales del 2018. El nuevo sistema implicará fuertes cambios en el esquema de control del gasto público por parte de la Auditoría Superior de la Nación (ASF).
Actualmente el gasto estatal sufre fugas por distintas vías y es auditado con un año de retraso, además de que no incluye a estados y municipios. Peña dijo que en el siguiente periodo ordinario del Congreso, que inicia en septiembre, enviaría la ratificación de Andrade, quien anunció el lunes su dimisión para dar paso al nuevo marco legal. JOV (Reuters, elfinanciero)
