"Estamos del mismo lado. Ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué paso con todos y cada uno de sus hijos", dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto durante la reunión que mantuvo con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en Iguala.
Los padres de los normalistas desaparecidos presentaron este jueves ocho demandas al presidente Peña Nieto, entre ellas el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, similar a la que existe en Guatemala.
Las exigencias, difundidas por los representantes de las víctimas mientras aún se desarrolla la reunión, incluyen la creación de una unidad especial para investigar el caso en la Procuraduría General de la República y que sigan las acciones de búsqueda.
"En el marco de su visita a las Naciones Unidas a partir de este domingo 27 de septiembre, en donde incluso se reunirá con el secretario general Ban Ki-moon, demandamos que requiera formalmente (...) la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México", exigieron.
El presidente Peña Nieto, por su parte, ordenó la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.
Al parecer, el propio Peña Nieto habría reconocido que en México hay desconfianza en las instituciones, por lo que se requieren "cambios de gran calado".
El portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, informó en una rueda de prensa acerca de la demanda presentada por los familiares de los desaparecidos y, aunque no detalló los "ocho puntos", indicó que el presidente ordenó a la Secretaría de Gobernación, a la Cancillería y a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) analizar la "viabilidad" de cada una de las demandas.
En atención a la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, Sánchez dijo que "la PGR deberá integrar un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero" el 26 de septiembre de 2014, en el que podrá participar el especialista en incendios José Torero.
Guatemala, el ejemplo
"Nuestros hermanos guatemaltecos, ante una situación similar, decidieron profundizar la cooperación internacional para fortalecer el estado de derecho", señalaron.
En ese país se estableció en 2006 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, cuyas investigaciones llevaron este año a la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez y de la vicepresidente Roxana Baldetti para ser procesados por corrupción.
"Los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes, que solo mediante una iniciativa de esta magnitud podrán ser revertidos", indicaron.
Los padres pidieron, además, a Peña Nieto dos garantías. "Primero, que usted como máximo jefe del Estado mexicano debe comprometerse a estar de lado de la verdad y no de la mentira; segundo, el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes debe continuar su labor hasta que haya justicia y verdad", dice el texto.
El grupo fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con el gobierno mexicano y las familias,para analizar las investigaciones. El 6 de septiembre presentó un informe que desacreditó aspectos sustanciales de las investigaciones.
Necesitan respuestas
Las familias indicaron que en las investigaciones "ha privado la simulación y el engaño" y reprocharon a Peña Nieto "su indiferencia durante las primeras semanas". Entre sus demandas, los familiares piden que se diga públicamente que el caso de los 43 estudiantes está todavía abierto y solicitan la permanencia del grupo de expertos por un año más, en lugar de los seis meses que propuso el gobierno, así como la aceptación plena de sus recomendaciones.
Sobre la unidad especial, piden que cuente con supervisión del grupo de expertos y del Equipo Argentino de Antropología Forense y que esté formada por dos instancias: una que investigue el paradero de los jóvenes y otra "el montaje" en las investigaciones y la responsabilidad de funcionarios.
Con esa afirmación las familias se refieren a la versión oficial presentada por el anterior fiscal general, Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero, la cual fue rechazada por el grupo de expertos. Las demás exigencias son el relanzamiento de la búsqueda usando tecnología, atención a heridos y familiares de estudiantes asesinados, cese de los "intentos de criminalización" de la escuela de Ayotzinapa, mejorar los mecanismos de comunicación con las familias y acciones de fondo ante la impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos.
