El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes a la estatal PDVSA que venda 4,5 millones de barriles de petróleo de su reserva física en la criptomoneda petro.
"Decreto la venta de 4,5 millones de barriles de petróleo en petro proveniente de la reserva certificada física de 430 millones de barriles que actualmente mantiene PDVSA", afirmó Maduro en su discurso de balance anual pronunciado en esta ocasión ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesta solo por chavistas. Además, aseguró que "al concretarse la venta de estos 4,5 millones de barriles", se debe iniciar "la oferta regular en petro de 50.000 barriles diarios "como mecanismo de exploración".
Todo ello, "hasta llegar a la meta de vender toda la producción petrolera en petro", subrayó el mandatario venezolano. De este modo, se establecerá, consolidará y ampliará "el ecosistema y mecanismos" que es "vital para la consolidación del petro". Finalmente y en lo relativo al uso del petro en las ventas de PDVSA, Maduro decretó que en esa criptomoneda se venda "toda la gasolina" de la compañía estatal "para aviones que cubren las rutas internacionales".
En su opinión, "a mucha gente no le gusta cambiar al petro porque tiene sus negocios en dólares". Entre a los que no les gusta cambiar a la criptomoneda están las "mafias de gestores y ladrones" por lo que la divisa digital venezolana, según consideró, "les corta las manos a las mafias".
Ya en 2018, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, aseguró que Venezuela tenía la intención de "llevar la criptomoneda estatal, el petro, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) "para convertir esta moneda digital en el futuro de las transacciones petroleras". Poco después, Rusia respondió que representantes de las autoridades financieras del país euroasiático habían estado en Venezuela para conocer la criptomoneda petro, pero aún no preveían aceptar su uso en transacciones bilaterales.
El petro fue lanzado hace casi 3 años por Maduro en medio de su tentativa por escapar a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra algunos funcionarios y empresas estatales. Pero a solo días de haberse lanzado, Estados Unidos prohibió su uso. Se ideó como un criptoactivo y más tarde pasó a definirse como un certificado de ahorros. Ahora los economistas de Venezuela se refieren a él como una "unidad de cuenta".
Su uso está ligado al llamado carné de la patria, un censo paralelo que el Gobierno de Maduro asegura le permite monitorear la entrega de ayudas, y que la oposición rechaza por considerar que sirve para chantajear a los votantes.
