Por AFP
El gobierno español decidió este viernes reforzar el control sobre los gastos de Cataluña, después de que su ejecutivo se negara a rendir cuentas para garantizar que no está gastando dinero en la organización del referendo de independencia.
El gobierno "ha establecido un mecanismo de control de pagos, novedoso", anunció el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el consejo de ministros en Madrid.
Según él, el objetivo de esta vigilancia reforzada es garantizar "que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal", es decir el referendo del 1 de octubre.
El ministro añadió que esto no afecta las competencias de autogobierno de la Generalitat catalana, ya que no interviene en el reparto de las partidas previstas en el presupuesto regional.
Lo que implica, según él, es que el Estado sustituye al gobierno catalán "en la mayoría de los pagos esenciales", es decir, nóminas de funcionarios, sanidad, educación y servicios sociales.
La medida supone una poderosa herramienta de presión para el Estado, ya que los funcionarios del gobierno catalán serán ahora remunerados directamente por el ejecutivo central de Madrid.
Esta decisión fue tomada en reacción a una carta del vicepresidente regional Oriol Junqueras al ministerio de Hacienda.
En ella, Junqueras anuncia que ya no se someterá más al control semanal establecido en julio por el gobierno español, para asegurarse de que no se está desviando dinero a la celebración de la consulta, declarada ilegal por la justicia.
La medida interviene en medio de la presión creciente de la justicia sobre los separatistas catalanes, para impedir que se celebre el referendo, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
