AFP

El Presidente argentino Mauricio Macri vetó este jueves una ley que limita alzas de tarifas en los servicios públicos, horas después de su aprobación en el Congreso, al considerarla inaplicable por su impacto fiscal cuando negocia un auxilio del FMI para fortalecer su economía.

"Es una ley irresponsable porque no fundamente de dónde se paga aquello que se votó, que equivale a toda la obra pública al interior del país", dijo el jefe de Gabinete Marcos Peña al anunciar que la norma "ya está vetada".

El gobierno tiene urgencia en aplicar medidas que tiendan a bajar un déficit fiscal que fue de 3,9% del PIB en 2017 y que se propone reducir a 2,7% este año, mientras busca un crédito stand by del Fondo Monetario Internacional.

El Presidente había interpelado el lunes a los senadores opositores para que rechazasen la norma aprobada en la cámara baja la semana pasada, en un último intento por evitar el veto.

Sin embargo, la oposición cerró filas y convirtió en ley un proyecto para retrotraer las tarifas de electricidad, gas y agua a noviembre último y atar los aumentos a la evolución salarial.

El gobierno calculó el costo fiscal de la ley en unos 100.000 millones de pesos (3.900 millones de dólares).

Los servicios públicos estuvieron subsidiados y sus tarifas congeladas durante una década, antes de la asunción de Macri que impulsa una política económica aperturista.

Los ajustes en las tarifas llegaron a casi 1.000% en dos años con una inflación que fue de 36% en 2016 y de 24,8% en 2017.

Costo político 

El veto, el quinto desde que Macri llegó a la presidencia en diciembre de 2015, es una medida antipática para su imagen, cuando aún digiere el costo político de recurrir al FMI en medio de una corrida cambiaria que depreció en 20% el peso argentino y llevó al Banco Central a subir la tasa de interés a 40%, la más alta del mundo.

Sectores sindicales han advertido que responderán al veto con una huelga general.

"Cumplir la meta de défict fiscal será una prioridad, especialmente porque las negociaciones con el FMI presionarán al gobierno para que acelere sus planes de consolidación fiscal", indicó un análisis de Eurasia Group. 

Pero Macri "se encuentra debilitado políticamente y las condiciones económicas empeoran, la dinámica política se complica con la oposición tratando de organizarse alrededor del creciente descontento", advirtió el informe.

 Áspero debate 

La ley se aprobó en el Senado por 37 votos a favor y 30 en contra, al cabo de doce horas de ásperos debates.

"El bloque opositor sabe que (la ley) no puede ser implementada y reconoce que no le importa, porque dice que quiere mandarle un mensaje al Ejecutivo", criticó el senador oficialista Esteban Bullrich.

La senadora peronista Anabela Sagasti replicó pidiendo al gobierno la revisión de "su política tarifaria, que consiste cínicamente en pedirle a los argentinos ponerse la patria al hombro en vez de pedir a los funcionarios del gobierno que traigan la plata que tienen en el exterior".

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