Este viernes (4.3.2016), al caer la tarde en Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, expresidente de ese país sudamericano, fue aclamado por simpatizantes cuando regresó a su domicilio tras haber sido arrestado por la Policía Federal e interrogado durante tres horas en la comisaría del aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, por su presunta implicación en el entramado de corruptelas de la empresa estatal Petrobras. La Fiscalía brasileña aseguró en rueda de prensa que el exmandatario fue “uno de los principales beneficiarios de los delitos” cometidos en el seno de la petrolera.
Más tarde, Rosa Weber, una de las magistradas del Tribunal Supremo de Brasil, denegó la solicitud hecha por los defensores del expresidente de posponer las investigaciones en su contra; éstos habían pedido la suspensión cautelar de las pesquisas hasta que el Supremo se pronunciara sobre un posible conflicto de competencias entre dos cortes –el Tribunal de Justicia de Sao Paulo y el Tribunal Federal de Curitiba– que han abierto procesos paralelos para determinar si Lula estaba involucrado en el escándalo de corrupción en torno a Petrobras. Weber negó también que Lula fuera objeto de una persecución.
La jueza dio un plazo de diez días para escuchar a la Fiscalía de Sao Paulo antes de tomar una decisión sobre cuál de los tribunales es el más competente para llevar esta causa. Por su lado, el Instituto Lula, dirigido por el expresidente, denunció la “divulgación irresponsable” y apresurada de informaciones por parte de la Fiscalía, según la cual los indicios contra Lula son “bastante significativos”. El Instituto Lula negó haber recibido donaciones valoradas en unos 20 millones de reales –unos 5 millones de dólares–de las cinco empresas más comprometidas en los desvíos en Petrobras.
