El examen de la historia más reciente y, sobre todo, de los crímenes cometidos por los diferentes regímenes, ha discurrido de diferentes maneras en los antiguos países socialistas. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso subsiguiente de los regímenes comunistas del este europeo, el acceso a los archivos de la policía secreta se permitió solo de manera gradual y con demoras. Toneladas de actas fueron destruidas para eliminar las huellas de los crímenes. Al contrario que en la antigua RDA, donde una valiente sociedad civil tomó el control de los archivos de la Stasi con el cambio de régimen, los servicios secretos de los países que conformaban el bloque del Este tuvieron tiempo para borrar el rastro de su actividad criminal destruyendo actas para eludir la responsabilidad.
Justicia tardía
El caso del disidente rumano Gheorge Ursu es sintomático al respecto. Más de 30 años después de morir torturado en una prisión comunista, acaba de ser denunciado el entonces jefe de la temida Securitate, Tudor Postelnicu, que actualmente tiene 84 años. Se acusa a Postelnicu de “crímenes contra la humanidad”. Otro de los denunciados es George Homostean, antiguo ministro del Interior, que ahora tiene 92 años. Al parecer, ambos ordenaron en 1985 la detención del ingeniero y poeta Gheorghe Ursu y encubrieron las circunstancias de su muerte.
Ursu dirigía un diario crítico con la política del régimen de Ceacescu y fue traicionado por informantes. Pocas semanas después de ser encarcelado, murió en prisión debido a la tortura sistemática a la que fue sometido. Otras dos personas que también fueron recientemente denunciadas son exoficiales de la Securitate que presuntamente tomaron parte en las torturas. Ya en 2003, dos carceleros de Ursu fueron condenados a 20 años de prisión. Después de esa sentencia, Andrei Ursu, hijo del disidente, luchó durante años para que los superiores también fueran condenados. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Una y otra vez se topó con representantes de la justicia que consideraban cerrado el caso. Gracias a su tesón, este crimen salió de nuevo a la luz.
¿Promesas vacías?
“La condena del comunismo es hoy, más que nunca, un deber moral, intelectual, político y social. No hacerlo nos convertiría en cómplices eternos del mal del totalitarismo, y eso solo por guardar silencio”. Esta y otras frases igual de elocuentes pueden leerse en el informe final de la comisión que analiza la dictadura comunista en Rumanía. Son parecidas a las que pueden oírse en todos los antiguos países comunistas. Pero las intenciones tropiezan con la realidad. Miles de crímenes de los regímenes comunistas quedarán impunes, porque la mayoría de quienes los cometieron y aún viven tienen una edad avanzada y disfrutan de sus elevadas rentas. Un proceso masivo contra sus crímenes no será posible por razones puramente biológicas.
Significado simbólico
El 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto de no agresión conocido como “Pacto Hitler-Stalin” entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Con este acuerdo, ambas partes se aseguraban neutralidad en caso de guerra y se repartían Europa. La Alemania de Hitler rompió el pacto con el ataque a la Unión Soviética en 1941. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del régimen nazi, millones de personas del centro y este de Europa continuaron padeciendo regímenes totalitarios, en este caso, comunistas. Se considera el “Pacto Hitler-Stalin” como el comienzo de unos de los capítulos más oscuros de la reciente historia europea. Por esta razón, el Parlamento Europeo ha declarado el 23 de agosto como “Día de recuerdo de las víctimas del estalinismo y el nacionalsocialismo”. Lo que queda siempre es honrar a las víctimas y la condena simbólica, más necesaria que nunca, de las dictaduras.
