Por el lamentablemente anunciado asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, desde la Unión Europea se han pronunciado su Delegación en el país centroamericano, la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo y diversos grupos políticos y de la sociedad civil. A la exhortación a esclarecerlo, a acabar con la impunidad y a proteger la vida del único testigo se suma la conminación al gobierno a respetar los acuerdos que -también sobre derechos humanos- ha suscrito el Estado hondureño.
Defender defensores
“En Honduras el porcentaje de impunidad supera el 90%. La mayoría de los crímenes suceden a conciencia de que los actores no van a llegar a juicio”, dice a DW Kerstin Reemtsma, representante ante la UE de Brigadas de Paz Internacional (PBI). En situación de indefensión, PBI acompaña físicamente a las personas amenazadas, se apersona en su apoyo político, hace públicos sus casos.
“La UE, por su parte, desarrolló hace más de 10 años unas directrices para que sus delegaciones en el mundo entero puedan implementar medidas de protección: visitar a una mujer defensora amenazada, invitarla a una conferencia, pronunciarse ante el gobierno, ir a una audiencia cuando tiene acusaciones y se teme que el proceso no sea justo”, sigue Reemtsma.
Multitudinarias protestas en Honduras por el asesinato de Berta Cáceres.
Presión por el diálogo
En un caso como el del asesinato de Berta Cáceres, “al primero que hay que cuestionar -por fallas en las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- es al Estado hondureño”, explica a DW Marta Ibero, secretaria ejecutiva de CIFCA. Esta red de organizaciones de la sociedad civil europea y centroamericana lleva años denunciando el sistemático desacato a los convenios internacionales de derechos de las poblaciones.
“El mecanismo principal que la UE podría usar en este momento con Honduras es el diálogo político”, apunta Ibero. Este diálogo –citas formales entre el bloque europeo y sus estados socios- se acordó en el acuerdo de cooperación con Centroamérica, del año 2002. También está incluido en su sucesor, el Acuerdo de Asociación (2014). El problema es que de éste sólo el pilar comercial está vigente; el de cooperación y el del diálogo político –derechos humanos incluidos- aún no ha entrado en vigor.
Con todo, la UE tendría en su mano, “hacer toda la presión internacional posible para asegurar primero que la investigación clarifique a los autores materiales de los hechos”, apunta Ibero. “También podría cooperar en indagar cuánto hay de cierto en el vínculo que la Relatora de Derechos Indígenas ha hecho con inversiones donde participan entidades público-privadas europeas”, señala. Cabe anotar que la empresa en cuestión niega toda responsabilidad en el asesinato.
En este caso en el de la responsabilidad social de las empresas europeas en terceros países asociados sería la Comisión Europea -que después del asesinato de Berta Cáceres reiteró su firme compromiso con los derechos humanos y la protección de quienes los defienden- “la llamada a dar respuestas”, concluye Ibero.
