En su muy debatida obra Reflexiones sobre la guillotina (1957), Albert Camus blandió vehementes argumentos contra la pena de muerte. Para el escritor y filósofo francés, ejecutar a un reo no es una forma de hacer justicia, sino una expresión de venganza y castigo. Si observamos con los ojos de Camus las últimas cifras de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, concluiremos que la justicia mundial va por mal camino.
Según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la aplicación de la pena de muerte en el mundo, al menos 1.153 personas fueron ejecutadas en 2023 utilizando diversos medios, como decapitación, horca, fusilamiento o envenenamiento. La cifra es un 31 por ciento mayor que la de 2022, año en que 883 personas fueron ejecutadas. En 2023, fue llevado a cabo el mayor número de ejecuciones "registradas por Amnistía Internacional en casi una década”, escribe la propia organización.
Secreto de Estado en algunos países
De los 16 países que llevaron a cabo ejecuciones en 2023, hay unos cuantos que son responsables de este aumento extremo: Irán fue responsable de casi tres cuartas partes (al menos 853) de todas las ejecuciones y Arabia Saudí del 15 por ciento (172). Somalia (al menos 38) y Estados Unidos (24) también ejecutaron más condenas a muerte.
Amnistía Internacional considera que China sigue siendo el país donde más personas son condenadas a muerte. Debido al secreto de Estado, el informe no contiene ninguna información sobre los presuntos miles de personas ejecutadas en el gigante asiático. Lo mismo puede decirse de otros países, como Corea del Norte y Vietnam, también sospechosos de llevar a cabo ejecuciones a gran escala.
"Ejecuciones sanguinarias"
Amnistía Internacional considera un éxito que haya descendido el número de Estados que llevan a cabo ejecuciones. Hasta la fecha, 144 países han abolido la pena capital. "Cada vez más países abandonan la cruel práctica de la pena de muerte", dice Julia Duchrow, secretaria general de Amnistía Internacional en Alemania. En 2023, Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur no registraron ninguna ejecución.
Sin embargo, este hecho no ha servido para compensar el aumento de 2023, porque, en otros lugares, la aplicación de la pena de muerte ha aumentado notablemente, "de modo que no hubo solo una o dos por país, sino que los números ascienden a cifras de dos a tres dígitos", dice a DW Max Maissauer, experto en pena de muerte de Amnistía Internacional en Alemania, quien denuncia "ejecuciones que han adquirido proporciones casi sanguinarias en algunos países".
Otra razón del aumento es el fin de la pandemia de coronavirus. "Durante la pandemia, el número de ejecuciones descendió en todo el mundo debido a las precauciones sanitarias en las cárceles", explica Maissauer. "También había menos recursos para aplicar la pena de muerte, por lo que no ocupaba un lugar destacado en la agenda".
La pena de muerte como forma de represión
La pena de muerte también se utiliza como herramienta política. "Las ejecuciones públicas siempre han sido un medio de represión y disuasión social", afirma Maissauer. Esto es especialmente cierto en el caso de Irán. Según el informe, las autoridades utilizan cada vez más la pena de muerte para aterrorizar a la población y consolidar su poder.
De las ejecuciones, más del 60 por ciento se llevaron a cabo por delitos que no deberían castigarse con la pena de muerte según el derecho internacional, incluidos, sobre todo, los delitos relacionados con las drogas. "En 2020, se produjeron al menos 246 ejecuciones en Irán", afirma Maissauer. "En nuestro informe actual, ya son más de 853. Son cifras que se disparan casi exponencialmente".
Arabia Saudí: confesiones arrancadas mediante tortura
En Arabia Saudí, el tercer país con mayor número de ejecuciones, la situación solo ha mejorado aparentemente, según Amnistía. El número de penas de muerte ejecutadas descendió ligeramente, un doce por ciento, hasta 172, pero el informe de Amnistía asegura que se extrajeron "confesiones" mediante tortura y se dictaron condenas a muerte contrarias al derecho internacional y tras juicios injustos.
Por ejemplo, en el caso de Mohammad al-Ghamdi, un exprofesor condenado a muerte en julio de 2023. Su delito fue hacer publicaciones críticas contra el Gobierno en redes sociales. Arabia Saudí fue el único país que decapitó personas el año pasado.
Otro punto de preocupación en 2023 estuvo en Singapur, "donde se intentó controlar el problema de la droga mediante el uso excesivo de la pena de muerte", explica Maissauer.
Preocupación por EE.UU. y el África subsahariana
Amnistía también muestra su preocupación por Estados Unidos, donde el número de ejecuciones ha aumentado de 18 a 24. En los estados de Idaho y Tennessee se presentaron proyectos de ley para permitir las ejecuciones por fusilamiento, mientras que Montana está estudiando ampliar la lista de sustancias utilizadas para las inyecciones letales.
Somalia ocupa el quinto lugar en las estadísticas sobre pena de muerte. Amnistía Internacional registró allí un "aumento notable de las ejecuciones": pasaron de once en 2022 a 38 en 2023. En la región del África subsahariana, las condenas a muerte registradas aumentaron "drásticamente", en concreto un 66 por ciento, con el resultado de 494 muertos.
Alemania intenta presionar a los países que aplican la pena capital, sobre todo en conversaciones bilaterales, mediante notas oficiales de protesta y planteando la cuestión de la pena de muerte durante visitas de Estado y reuniones internacionales. Para Amnistía Internacional, esto no es suficiente: "Nos gustaría que el Gobierno alemán diera aún más importancia a la lucha contra la pena de muerte y que hubiera claras consecuencias diplomáticas para aquellos países que puntúan mal en este ámbito”, reclama Maissauer.
