Los votantes de Uruguay acudían a las urnas el domingo, en el final de una carrera electoral entre candidatos moderados que dista mucho de la hostilidad política que es moneda común en la región.
El país de 3,4 millones de habitantes vota para elegir a su próximo presidente y legisladores, y las encuestas predicen que habrá una nueva ronda para definir mandatario el 24 de noviembre. También se celebrarán dos plebiscitos sobre la reforma de las pensiones y el aumento de los poderes policiales.
A diferencia de las marcadas divisiones entre derecha e izquierda de Argentina, Brasil o México, la arena política uruguaya está relativamente libre de tensiones, con importantes coincidencias entre las principales coaliciones, lo que atenúa en parte el impacto del resultado.
"Los dos campos principales son más o menos iguales en términos de política macroeconómica o la visión de lo que es Uruguay y cómo afrontar los distintos desafíos económicos", afirmó la economista uruguaya María Dolores Benavente.
El candidato de centroizquierda del Frente Amplio, Yamandú Orsi, enfrenta al conservador Álvaro Delgado, del Partido Nacional, en busca de la mayoría de los votos. Detrás de ellos se encuentra el joven conservador Andrés Ojeda, quien representa al Partido Colorado.
Las encuestas dan ventaja a Orsi, pero indican que ningún candidato superaría el 50% de los votos, por lo que se celebraría una segunda vuelta en noviembre entre los dos primeros. Los colegios electorales abrieron a las 7:30 hora local (1030 GMT) y cierran a las 19:30. Los resultados se esperan dos horas más tarde.
La mayor tensión está en los dos plebiscitos vinculantes. En uno de ellos se preguntará si se debe revisar el sistema privado de pensiones de 22.500 millones de dólares, un plan que ha generado críticas de políticos de todas las tendencias por las consecuencias que podría tener en la economía local.
Los uruguayos también votarán si eliminan restricciones constitucionales a las redadas nocturnas en domicilios particulares para combatir la delincuencia vinculada al narcotráfico, que preocupa cada vez más a los electores. Ambas consultas necesitan mayoría simple para ser aprobadas.
Debemos "hacernos cargo de la seguridad porque en definitiva la seguridad es un derecho humano", dijo Orsi en un mitin de campaña días atrás, en el que prometió mano dura contra la delincuencia.
La coalición conservadora en el poder se esfuerza por defender su historial en materia de seguridad y espera que los logros en el campo económico, como el aumento del empleo y de los salarios reales, sean suficientes para convencer a los votantes de que opten por la continuidad frente al cambio.
"Tenemos un mejor país que en 2019", dijo Delgado en un discurso de campaña en la ciudad de Las Piedras, refiriéndose a las elecciones anteriores. "La alternativa es volver a un peor pasado", agregó.
