La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes que la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a que su delegación entrara a Venezuela demuestra el "miedo" a que se conozca la realidad que se vive en el país.
La Comisión había previsto una visita a Venezuela que comenzaba este martes y terminaba el 8 de febrero, pero el gobierno de Maduro ya había advertido que la delegación no estaba autorizada, lo que desató una ola de críticas.
"Nosotros interpretamos esta medida del gobierno (venezolano) como algo que representa un miedo, es propio de regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio internacional en materia de derechos humanos", dijo a la AFP Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
La Comisión -un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)- informó que tras la prohibición de ingreso se reunirá con organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, migrantes y víctimas en el lado colombiano de la frontera.
Abrao agregó que "si hay un intento del gobierno de esconder algo, no alcanzará sus objetivos porque la Comisión accederá a estos testimonios e informaciones" y las va a "documentar".
La CIDH informó que estará en Bogotá el miércoles y que la delegación visitará la localidad fronteriza de Cúcuta el jueves y el viernes.
El gobierno de Maduro retiró en 2019 a sus diplomáticos acreditados ante la OEA, que a su vez desconoce la legitimidad del segundo mandato del presidente venezolano, iniciado el 10 de enero del año pasado, tras considerar que su reelección en mayo de 2018 no contó con las garantías necesarias.
La banca de Caracas en la organización regional la ocupa Gustavo Tarre, delegado del líder parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza.
"La visita se organizó en aceptación a la invitación realizada por el Representante Permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela", señaló la CIDH en un comunicado, en alusión a Tarre.
El delegado de Guaidó condenó "enérgicamente la decisión" del gobierno de Maduro.
Tarre fue reconocido como enviado venezolano en la OEA por 18 países en abril pasado, días antes de que los representantes de Maduro abandonaran el organismo.
Este martes, el gobierno de Maduro conmemora los 28 años desde que el fallecido Hugo Chávez encabezara un fallido golpe de Estado.
"Negar la situación"
La delegación de la CIDH, encabezada por su presidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, publicó una foto en las redes sociales informando que Copa Airlines les impidió el abordaje del vuelo que partía en Panamá con destino a Caracas bajo el argumento de que "recibieron instrucciones" del gobierno de Venezuela de que no estaban autorizados a viajar.
"Esta es una situación lamentable" porque la CIDH tiene un mandato para observar la situación de los derechos humanos "en todo el continente, pero particularmente en países que estén atravesando crisis", indicó Arosemena a la AFP en un hotel de Ciudad de Panamá.
"Es negar la situación, pero es una negación a gritos, a voces", comentó.
La misión también estaba compuesta por el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y personal técnico del organismo.
Lanza dijo que este es "un día triste para la historia de derechos humanos en la región".
"En 60 años hemos observado la situación en gobiernos de cualquier tendencia, (y) las dictaduras cedieron a presión internacional", agregó.
La representante de Guaidó en Panamá reconocida por el gobierno panameño, Fabiola Zavarce, condenó "enérgicamente" la decisión de Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, repudió en Twitter la acción, denunciando que tiene como objetivo "ocultar y encubrir" múltiples violaciones "sistemáticas" a los derechos humanos.
El senador republicano estadounidense Marco Rubio manifestó por su parte en esa red social que el gobierno de Maduro "evidencia una vez más su cobardía ante un órgano internacional" y llamó a la comunidad internacional a condenar este "atropello".
Según un informe presentado en julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron el último año y medio en Venezuela. Maduro acusó a la funcionaria de la ONU de "mentir".
La organización Human Rights Watch denunció por su lado este martes que los residentes del sur de Venezuela son víctimas de abusos de grupos armados que controlan las minas de oro y afirmó que estas estructuras "parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno".
