Miles de taxistas mexicanos detuvieron este lunes sus vehículos en las principales vías de varias ciudades del país en protesta contra aplicaciones de movilidad como Uber o Didi, empresas que, consideran, hacen competencia desleal.
La protesta fue levantada la tarde del lunes con el acuerdo de representantes de taxistas y autoridades federales de la Ciudad de México y del Estado de México de reunirse periódicamente "para concretar una vía jurídica para que las instancias competentes determinen la legalidad de las aplicaciones móviles", informó la Secretaría de Gobernación de México.
El primer encuentro tendrá lugar el lunes 14 de octubre en la Secretaría de Gobernación, destacó la institución, en tanto habrá operativos regulares de las autoridades del transporte en las zonas federales.
En la capital, la glorieta del emblemático Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma se convirtió en un fortín al amanecer atestada de taxis. Además del Paseo de la Reforma, una de las avenidas troncales de la capital, hasta 12 puntos de la ciudad fueron bloqueados, llevando a un considerable caos vial, e incluso bloqueando parte de los accesos al aeropuerto capitalino.
Mientras se llevaba a cabo un mitin enfervorecido, los taxistas quemaron algunos papeles en una hoguera como una ceremonia simbólica en la que, aseguraron, ardían las dificultades a la hora de obtener las licencias.
Según datos del Movimiento Nacional Taxista -compuesto por alrededor de 650.000 taxistas en todo el país- en Ciudad de México operan 140.000 taxis en contraste con los 200.000 vehículos que sirven a aplicaciones como Uber -la más longeva- o las prácticamente recién llegadas Didi o Beat.
Según dijo a Efe uno de los coordinadores de la huelga, José Luis Ramírez, las facilidades que tienen los conductores que utilizan aplicaciones son muchas, especialmente a nivel económico.
"Nosotros tenemos que pagar tenencia, tenemos que pagar revista, tenemos que pagar un seguro, una cromática, una concesión que aproximadamente vale 80.000 pesos (unos 4.092 dólares)", aseguró. Al año, el gasto supera los 20.000 pesos (unos 1.023 dólares) incluyendo el seguro.
Aunque son conscientes de que afectan a la ciudadanía, el colectivo se mostró con actitud firme para amedrentar al Gobierno si no les da lo que piden. En este sentido, Miranda aseguró que están abiertos al diálogo, y que su movimiento "está buscando que se restablezca el Estado de derecho en materia de transporte". "No es posible que las empresas extranjeras se pasen por el arco del triunfo las leyes mexicanas", aseguró.
El Gobierno capitalino se posicionó al respecto de la situación con un comunicado en el que recordó que ya se han tomado medidas para facilitar los trámites burocráticos a los taxistas.
