La administración Obama permitió a la NSA espiar a hackers extranjeros

AFP

La administración Obama dio a la Agencia estadounidense de Seguridad Nacional (NSA) autoridad legal para interceptar las comunicaciones de algunos piratas informáticos, sin que hubiera un debate público sobre esta ampliación de poderes, indicó el New York Times.

Según documentos difundidos en internet por el New York Times y brindados por el ex asesor de la NSA Edward Snowden, el departamento de Justicia autorizó en 2012 a la agencia de investigación a interceptar sin mandato judicial comunicaciones de hackers, con la condición de que se pudiera establecer un vínculo entre el pirata y un gobierno extranjero.

Estas acciones pueden ser realizadas utilizando como "selector" direcciones IP o líneas de código, a diferencia de las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono utilizados clásicamente por la NSA para escuchar a extranjeros.

En un comunicado, la dirección nacional de información (ODNI) -que controla todas las agencias de información estadounidenses- recordó que la ciber amenaza contra Estados Unidos aumentaba "en frecuencia, en escala, en sofisticación y en la severidad de sus consecuencias".

"En ese contexto no es sorprendente que el gobierno estadounidense reúna información sobre los poderes extranjeros que intentan penetrar las redes estadounidenses y roban información privada de ciudadanos estadounidenses y de empresas", indicó la ODNI.

La interceptación de mensajes de hackers es realizada en el marco de la sección 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act, uno de los dos grandes programas de control revelados al mundo por Edward Snowden.

El otro gran programa de vigilancia revelado por Snowden, la recolección y almacenamiento por parte de la NSA de metadatos de los aparatos telefónicos estadounidenses, acaba de ser reformada por el Congreso. 

La reforma prevé la transferencia de los metadatos recolectados a las compañías de telecomunicaciones. Las autoridades tendrán acceso a estos datos únicamente con la autorización de un tribunal y una vez que se haya identificado de forma precisa a una persona o grupo sospechosos de tener un vínculo con el terrorismo.