La justicia belga decidirá el 14 de diciembre sobre la extradición del destituido presidente catalán Carles Puigdemont y del resto de ex sus consejeros presentes en Bélgica.
La noticia fue anunciada este lunes por sus abogados, al término de una vista en la que la fiscalía apoyó la idea de entregarlo a España.
"Si son extraditados (...), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales. Es otra razón para rechazar la extradición", indicó en rueda de prensa Christophe Marchand, abogado defensor de los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret.
Puigdemont, así como Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, están acusados de cinco delitos, entre ellos rebelión y sedición, por alentar un "movimiento de insurrección activa" para lograr la independencia unilateral de Cataluña.
El fiscal "pidió la ejecución del mandato de detención" emitido por la justicia española a principios de noviembre, precisó Marchand. Los abogados de la defensa consideran, en cambio, que en España se enfrentarían a un 'juicio político' por lo que rechazan la extradición.
En la primera audiencia celebrada el 17 de noviembre, la fiscalía de Bruselas ya apoyó una ejecución "parcial" de la euro orden, pero estimó que los hechos no son constitutivos de un delito de corrupción como se apuntaba, indicaron entonces los abogados defensores.
Además de exponer los diferentes delitos en la petición de entrega, la jueza española Carmen Lamela marcó únicamente una casilla de la lista de 32 delitos acordados entre los países de la Unión Europea para acelerar los trámites de extradición: corrupción.
En caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica.
La decisión llega horas antes del inicio de la campaña electoral anticipada en Cataluña, región que el gobierno español tomó bajo su control tras cesar al ejecutivo de Puigdemont después de la proclamación unilateral de independencia el 27 de octubre.
Horas antes, la justicia española decidió mantener en prisión a dos ex consejeros y a dos líderes independentistas, mientras decretó la libertad bajo fianza para otros seis miembros del gobierno catalán cesado.
