AFP

La justicia peruana, tras más de quince horas de debate, aplazó a la tarde del jueves su decisión sobre el pedido de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa por presuntos aportes irregulares de la brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011.

"Durante la tarde voy a dictar sentencia del pedido del fiscal de prisión para el exmandatario Ollanta Humala y su esposa", informó el juez Richard Concepción Carhuancho tras levantar la audiencia.

La audiencia se inició con la sustentación del fiscal Germán Juárez, que pide cambiar las medidas cautelares que pesan actualmente contra el expresidente, como la prohibición de viajar al extranjero sin permiso judicial, por "prisión preventiva de 18 meses" ante el riesgo de fuga o demanda de asilo.

El fiscal argumentó que "hay nuevos elementos que probarían que Humala y su esposa, Nadine Heredia, están involucrados en el presunto delito de lavado de activos y por lo tanto existe peligro de fuga".

"No hemos escuchado un solo elemento que pueda cambiar la situación del expresidente Humala y su esposa, solo hay referencias, indicios, afirmación de colaboradores que muchos de ellos han sido aclarados en su momento", rebatió por su lado Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia.

"No existe un propósito de fuga del expresidente ni de su esposa. Ellos están cumpliendo con todas las citaciones del fiscal, nos se han movido del país", dijo a su vez Julio Espinoza, defensor del Humala.

Los abogados entregaron al juez los pasaportes de Humala y de Heredia "como una señal clara que no existe  intención de fuga".

El exmandatario y su esposa desistieron de presenciar la audiencia por recomendación de sus abogados, en una actitud tolerada por la legislación.

"Es decisión de sus patrocinados si asisten o no a la audiencia", dijo el juez.

Los defensores de Humala y Heredia habían solicitado aplazar la sesión para tener tiempo de evaluar mejor los argumentos de la fiscalía, pero el juez rechazó el pedido.

El fiscal Juárez imputa a la pareja, fundadores del Partido Nacionalista en 2005, los presuntos delitos de "lavado de activos y asociación ilícita para delinquir" en la recolección de fondos para financiar las campañas electorales de Humala en 2006 y la que lo llevó al poder en 2011.

Según la fiscalía, Odebrecht entregó tres millones de dólares en 2011 a la campaña de Humala, lo que el expresidente niega, aunque recuerda que la ley peruana no prohíbe recibir aportes del extranjero.  

En el caso de la campaña de 2006, el fiscal asegura que Humala recibió aportes de Venezuela.

'Medida abusiva' 

Humala calificó el martes el pedido de prisión preventiva de medida "abusiva y sorpresiva", alegando que él y su esposa siempre han cooperado con las investigaciones desde que se iniciaron hace tres años. "No hay pruebas, solo hay imputaciones sin corroborar", se defendió.

La solicitud de prisión preventiva no solo se basaría en el testimonio del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, quien aseguró al fiscal Juárez haber entregado tres millones de dólares para la campaña electoral, sino también en las declaraciones de otros colaboradores que habrían presentado pruebas a la fiscalía sobre la entrega de dinero a la expareja presidencial, según la prensa local.

Tanto Humala como su esposa no tienen actualmente prohibición de salir del país. Podrían viajar al extranjero, aunque en el caso del expresidente tiene que solicitar la autorización del juez.

Heredia tuvo que renunciar a su puesto de la FAO en Ginebra para acreditar su presencia en Perú y estar disponible ante las autoridades judiciales.

Humala es el segundo expresidente peruano para quien se pide prisión preventiva. Este año un juez dictó la misma medida para Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos también por Odebrecht. 

Perú ha iniciado un proceso de extradición contra Toledo, quien reside en Estados Unidos.

Odebrecht asegura que pagó 29 millones de dólares en sobornos en Perú para obtener obras públicas entre 2005-2014. El período comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Humala. 

El debate fue transmitido por un canal de televisión del Poder Judicial y se celebra en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, en presencia de fiscales, abogados, periodistas y público.

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