El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes afirmó este domingo que la Iglesia católica es perseguida por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua en el contexto de la represión por parte de las autoridades de las protestas que se suceden desde abril en el país centroamericano.
Brenes reconoció la persecución que sufre la Iglesia católica en Nicaragua, donde sus templos han servido de refugio a manifestantes que escapan de los ataques armados del Gobierno local, mientras en todas las iglesias de Latinoamérica se oró este mismo domingo por la paz en ese país.
Más de 500 eucaristías en Latinoamérica y una cantidad no especificada en Europa fueron dedicadas a Nicaragua, para que supere pronto la crisis, a petición del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), según dijo el cardenal nicaragüense.
La Iglesia católica, seguida por el 58,5% de la población nicaragüense, ha sufrido profanaciones en al menos siete templos desde que, en junio pasado, el Episcopado pidió a Ortega adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021, para acabar con la crisis. Posteriormente, un grupo de simpatizantes de Ortega invadió un templo y agredió a Brenes y al nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, e hirió al obispo Silvio Báez, así como a los sacerdotes Miguel Mántica y Edwin Román.
"Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas", explicó Ortega el 19 de julio, durante la celebración del aniversario 39 de la revolución de Nicaragua.
Brenes también anunció que este lunes el Episcopado de Nicaragua analizará si continúa como mediador del diálogo.
Prosiguen las protestas en diferentes puntos del país
En tanto, las manifestaciones contra Ortega continuaron este domingo en algunos municipios de Nicaragua, sin reportes de violencia, y los estudiantes anunciaron una marcha el día de mañana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Desde abril han muerto al menos 277 personas, según el último informe de la CIDH, si bien algunas organizaciones locales de derechos humanos elevan la cifra de víctimas mortales a 351.
