La Jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, anunció este viernes en rueda de prensa la ilegalidad desde esta medianoche del uso de máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que se han sucedido en la ciudad semiautónoma en los últimos cuatro meses.
Para ello, el Gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito el uso de máscaras para intentar "restaurar el orden", según dijo Lam, quien añadió que "la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia", sino que "las protestas son cada vez más frecuentes y violentas, y la gente está preocupada".
Antes de la comparecencia de Lam, miles de manifestantes enmascarados corearon consignas pidiendo una mayor democracia mientras marchaban en el distrito financiero de la ciudad. "Queremos usar máscaras" o "Usar máscaras no es delito" fueron algunas de sus consignas, apoyadas por el claxon de cientos de coches atrapados en el tráfico. "¿Qué van a hacer, arrestar a 100.000 personas en la calle? El gobierno está tratando de intimidarnos, pero ya no creo que la gente tenga miedo", dijo un manifestante, apellidado Lui, en una transmisión en vivo.
Un precedente peligroso
Los analistas advierten que el uso de la Ordenanza de Emergencia por primera vez en mucho tiempo sienta un precedente peligroso. La ley, una reliquia del gobierno británico promulgada en 1922 para sofocar una huelga marítima y utilizada por última vez para aplastar disturbios en 1967, otorga amplios poderes al jefe ejecutivo de la ciudad para implementar regulaciones durante una emergencia.
"Aunque la prohibición de las máscaras es solo un pequeño movimiento bajo la Ordenanza de Emergencia, es un primer paso peligroso. Si la legislación anti-máscara demuestra ser ineficaz, podría abrir el camino a medidas más draconianas, como el toque de queda y otras infracciones de las libertades civiles", dijo Willy Lam, profesor adjunto de la Universidad China.
La medida podría avivar aún más las protestas en Hong Kong, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición, mutando hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín. "Esperamos que la ley pueda tener un efecto disuasorio", indicó Lam al especificar que la ley "apunta a las personas que han recurrido a la violencia".
