El Gobierno de Nicaragua actualizó el número de muertos que se han registrado durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega, y las contabilizó en 198 fallecidos, cifra que sigue siendo menor a la que entregan las organizaciones humanitarias, que cuentan hasta 448 víctimas fatales.
"Son 198 hermanos nicaragüenses los que han asesinado, 198 vidas irreemplazables", dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.
La cantidad de muertos reconocida por el Gobierno dista de las 266 confirmadas por la oficialista Comisión de la Verdad, las 305 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), las 317 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las 448 de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
Según la CIDH, Nicaragua vive una "tercera fase" de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes", luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.
Ortega reconoce daño a la economía
Además de la entrega de cifra en el número de muertos, el presidente Daniel Ortega reconoció el "enorme daño a la economía" de su país a raíz de las protestas iniciadas por unas fallidas reformas a la seguridad social, que lo ha obligado a presentar una reforma de recorte presupuestario por primera vez en sus 11 años en el poder.
Durante un discurso en ocasión del 38 aniversario de la Fuerza Naval, el mandatario dijo que este martes se discutirá en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, una propuesta que recorta en 235,2 millones de dólares en presupuesto de este año debido a la caída de un 9,2 por ciento de los ingresos. También reducirá en un 6,8 por ciento del gasto total del Estado en 2018, que equivale a 186,4 millones de dólares.
Ortega propuso dichos cambios "por la necesidad de realizar ajustes al Presupuesto General de Ingresos, Presupuesto General de Egresos y su financiamiento, como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado", según la exposición de motivos.
Algunos de los sectores más perjudicados por la propuesta son la salud, que perderá 26,6 millones de dólares, la educación, cuyos ingresos mermarán en 19,7 millones, y el Programa de Inversión Pública, con 18,5 millones de dólares menos.
