El gobierno de Colombia y la guerrilla ELN retoman este lunes en La Habana el último ciclo de diálogos bajo la gestión del presidente Juan Manuel Santos, con dificultades para un alto al fuego y sin garantías para cumplir compromisos, denunció el grupo insurgente.
Según un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la delegación del gobierno no garantiza la "reciprocidad de las dos partes en el cumplimiento de los acuerdos" y tampoco "la ejecución de las transformaciones propuestas en el proceso y acordadas en la Mesa".
La última guerrilla activa de Colombia aseguró que "persisten diferencias que impiden firmar un nuevo acuerdo de cese al fuego bilateral".
Entre ellas se encuentra el hecho de que "el Gobierno no acepte el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el referente común para pactar acciones y acuerdos humanitarios", aseguran en su comunicado.
Consideran también que "el Gobierno se abroga la facultad de calificar hechos y actuar contra el ELN, sin previo informe y calificación del Mecanismo de Veeduría y Verificación".
Para el ELN, con el cese al fuego se debe "avanzar en la solución de la persecución, asesinatos y judicialización a los líderes y lideresas de los movimientos sociales".
El ELN, una guerrilla cristiana nacida bajo el influjo de la revolución cubana, cumple 54 años de existencia este 4 de julio.
Cada ciclo de conversación con el gobierno se ha extendido por cinco semanas, que en este caso coincidirá con el fin del gobierno de Santos y el inicio de la gestión el 7 de agosto del derechista Iván Duque, un crítico de las negociaciones.
Cuba acogió desde mayo de este año la segunda parte del quinto ciclo de pláticas y ahora hará lo propio con el sexto ciclo. Antes, las conversaciones se realizaban en Quito.
Duque, heredero político del expresidente Álvaro Uribe, pide la concentración con verificación internacional de la guerrilla y que ésta cese sus "actividades criminales" para mantener las conversaciones de paz.
Aunque está a favor de la reinserción social de los miembros del ELN, considera que sus líderes deben ser penalizados judicialmente y se opone a que éstos ingresen a la vida política sin antes pagar un mínimo de cárcel.
También ha pedido revisar el acuerdo que desmovilizó y convirtió en partido político a la poderosa guerrilla FARC en 2016, también negociado en La Habana.
En su comunicado, el ELN aseguró que "sigue firme en el propósito de lograr la solución política al conflicto, erradicar la violencia de la política y realizar los cambios básicos urgentes".
