El Gobierno de Gambia anunció el martes (25.10.2016) su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI) tras acusar al tribunal de La Haya de "perseguir a los africanos". La decisión del gobierno gambiano sigue a las tomadas por Sudáfrica y Burundi.
"Desde hoy, martes 25 de octubre, no somos miembros de la CPI e iniciamos el proceso prescrito por el estatuto para retirarnos", dijo el ministro de Información, Sheriff Bojang, en una declaración a la televisión estatal difundida anoche. Mientras la corte se centra "en perseguir y humillar a la gente de color, especialmente a los africanos, al menos 30 países occidentales han cometido crímenes de guerra desde la creación de la CPI", denunció el ministro gambiano.
Lo cierto es que desde que se puso en funcionamiento la Corte Penal Internacional en julio de 2002, sólo han sido juzgados dirigentes africanos. La decisión, por otra parte, supone un revés personal para la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, de nacionalidad gambiana y quien fue ministra de Justicia del gobierno del presidente de este país, Yahya Jammeh.
Manifestantes protestan en la capital de Gambia, Banjul, por la muerte de un líder opositor en la cárcel.
Analizarán las críticas
El lunes, el presidente de la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba, animó a la CPI a abrir un diálogo para examinar las críticas expresadas por los países africanos. Mientras que el gobierno sudafricano justificó su decisión aludiendo a que la CPI está "en conflicto" con su ley nacional de inmunidad diplomática y, además, afecta negativamente a sus relaciones internacionales, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, firmó la retirada del tribunal porque éste investiga la violencia política que se desató en el país en abril de 2015, cuando el mandatario anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución.
Al frente de Gambia, un pequeño país de dos millones de habitantes enclavado en el territorio de Senegal, está dirigido con mano de hierro por Jammeh desde 1994. Distintas ONG y la comunidad internacional en conjunto acusan al régimen de Jammeh de abusar gravemente contra los derechos humanos, mediante acciones como desapariciones forzosas o represiones a la libertad de expresión y a los defensores de los derechos humanos.
