Florida impuso el requisito de mostrar una prueba de residencia para vacunar contra el COVID-19, en un esfuerzo por contener el llamado "turismo de vacuna". Pero esto puede dejar sin inmunizar a miles de inmigrantes indocumentados, además de personas sin hogar o de bajos recursos.
"Es muy desafortunado que la consecuencia de esta nueva regulación termine excluyendo a algunas de las personas más vulnerables de nuestra comunidad, que son las que carecen de documentos", dijo el viernes a la AFP Lily Ostrer, médica residente del Jackson Memorial Hospital de Miami y miembro del sindicato médico CIR/SEIU.
Florida, un estado marcado cultural y económicamente por la inmigración -uno de cada cinco residentes nació en el extranjero-, limitó el jueves sus vacunas a los residentes permanentes o temporales. Éstos últimos son llamados "snowbirds" (ave migratoria) porque sólo pasan el invierno en esta región del sureste estadounidense.
La decisión ocurrió luego de que se reportaran casos de turistas de Estados Unidos o del exterior que viajaron al estado --que en este momento vacuna a todos los mayores de 65 años-- solo para inmunizarse, en un nuevo fenómeno apodado "turismo de vacuna".
Pero, si bien Florida ha administrado más de 1,3 millones de dosis, el proceso es señalado de ser lento y caótico.
Por eso, la advertencia firmada por el jefe de Salud de Florida, Scott Rivkees, indica que, debido a la escasez de vacunas, los aspirantes deben mostrar una prueba de residencia.
Esto puede ser la licencia de conducir, la factura de algún servicio público o una carta de un banco.
Pero los inmigrantes sin papeles no pueden tener licencia de conducir en Florida y, a falta de documentación, muchas veces registran los servicios públicos a nombre de un tercero.
Un estudio de agosto del año pasado del American Immigration Council mostró que en Florida viven cerca de 775.000 extranjeros indocumentados, que representan un 18% de la población inmigrante.
Además de ellos, también pueden quedar fuera de la inoculación los ciudadanos sin hogar o en extrema pobreza.
"No es una buena política de Salud"
Thomas Kennedy, coordinador en Florida de la organización de derechos de los inmigrantes United We Dream, dijo que la nueva medida "crea una barrera cruel y deliberada para muchos residentes de Florida, entre ellos los inmigrantes indocumentados, pero también para muchas personas sin acceso a la vivienda".
Ellos suelen ser, además, trabajadores esenciales en alto riesgo de contagiarse de coronavirus, debido a sus empleos y porque en muchos casos conviven con varias personas en viviendas pequeñas. Además, los indocumentados no tienen derecho a la salud pública.
"El acceso a la vacuna debe estar disponible para todo el mundo, sin importar dónde viven ni su estatus migratorio", dijo Kennedy a la AFP.
Ostrer, la médica y miembro sindical, añadió que dejar a un segmento importante de la población fuera del programa de vacunación no tiene sentido.
"Para que las vacunas sean efectivas, necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible", comentó. "Cualquier política que excluya a personas de la vacunación no es una buena política de salud pública".
"Entiendo que el objetivo es reservar las vacunas para los residentes de Florida, pero no creo que estén consiguiendo esto al implementar esta política", dijo la doctora.
Desde principios de mes, la prensa local ha reportado que algunos turistas se estaban beneficiando del programa de vacunación de Florida. El Tampa Bay Times indicó el jueves que cerca de 41.000 personas se vacunaron en Florida sin ser residentes.
Ostrer destacó además la inequidad social que significa el hecho de que los "snowbirds", quienes suelen tener una segunda casa en Florida, puedan acceder a la vacuna gracias a esta nueva provisión, mientras muchos trabajadores esenciales que viven en el estado no estarán habilitados a recibirla.
Por último, el requisito de probar la residencia también significa una carga innecesaria para el personal que administra las vacunas, ya desbordado de trabajo por la titánica tarea de inocular a una población de 21,5 millones lo más rápidamente posible.
Kenneth Goodman, director de Florida Bioethics Network, cuestionó en comentarios al Tampa Bay Times que se imponga a los proveedores de vacunas la responsabilidad de "comenzar a monitorear, recopilar y examinar este tipo de documentación de residencia".
