La Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el presidente Michel Temer y otras cinco personas por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
La Fiscalía se apoyó en un informe presentado por la Policía Federal, que halló indicios que apuntan a que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas de ese rubro. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma del decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos (Sao Paulo), un reducto de influencia política de Temer.
Rodrimar ha sido señalada por los investigadores como una de las principales responsables por el pago de coimas a Temer, quien habría recibido unos 32,6 millones de reales (unos 8,3 millones de dólares) de dinero ilícito. Los pagos de sobornos eran realizados a través de empresas de amigos del presidente brasileño.
La investigación del decreto de puertos fue abierta en septiembre de 2017 a partir de revelaciones y pruebas recogidas en acuerdos de colaboración judicial con algunos acusados que apuntaron la participación del jefe de Estado.
La nueva denuncia deberá ser revisada por la Cámara de Diputados que en dos ocasiones anteriores han rechazado despojar al mandatario del fuero, y considerando que su mandato termina a fin de año, lo más seguro es que la denuncia deba pasar a instancias inferiores del Poder Judicial. Lo mismo ocurrirá con las otras investigaciones presentadas en contra de Temer.
