Por AFP
El Fiscal General del Estado español, José Manuel Maza, murió la tarde del sábado en una clínica de Buenos Aires, adonde ingresó por un proceso infeccioso cuando asistía a un congreso de fiscales iberoamericanos en Argentina, confirmó una fuente diplomática.
El fiscal "ha tenido una complicación de salud muy grave que lo ha llevado a este inesperado fallecimiento", declaró a las puertas de la clínica el cónsul español en Buenos Aires, Rafael Tormo Pérez.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se habían referido por Twitter al fallecimiento de Maza, de 66 años, que se encontraba en la capital argentina para participar en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos.
Según el diario madrileño El País, Maza ya se sentía mal cuando llegó a Buenos Aires, luego su estado empeoró y fue conducido a una clínica de la capital argentina, donde ingresó directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Tormo Pérez afirmó que el fiscal general "ha tenido un atendimiento fantástico, como siempre ocurre aquí en Buenos Aires, pero no ha sido posible al parecer salvar su vida".
El cónsul indicó que esperan la llegada a Buenos Aires de algunos familiares para decidir "cómo se procederá para trasladar a España los restos mortales" del fiscal.
Maza, licenciado en Derecho y expresidente de la Sección Primera de la Audiencia de Madrid, cumplía este mes un año como máximo responsable de la Fiscalía española.
El fallecido fiscal general impulsó recientemente las querellas por sedición y rebelión que de momento han llevado a prisión provisional a ocho de los 14 miembros del cesado gobierno catalán, tras el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre impulsado por el Ejecutivo independentista.
Maza los acusaba de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", el pasado 27 de octubre en el Parlamento catalán.
En su acta, argumentaba que los dirigentes separatistas alentaron "un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado, con el fin de conseguir su objetivo secesionista".
En España, el fiscal general es nombrado y cesado por el rey, a propuesta del gobierno y "previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados", según la web oficial de la fiscalía.
