El equipo legal de la expresidenta Park Geun-hye negó todos los cargos de los que se le acusa durante la sesión preliminar del juicio contra ella por su papel en la trama de corrupción de la llamada "Rasputina".

Como era de esperar, Park, de 65 años, no asistió a esta primera sesión en la que no estaba obligada por ley a personarse.

El letrado Yoo Yeong-ha, que encabeza su equipo de abogados, defendió nuevamente la inocencia de la exmandataria y pidió analizar el sumario de la investigación que ha realizado la fiscalía sobre el caso, que consta de más de 120.000 páginas.

El abogado argumentó que podrían existir una serie de inconsistencias y dijo que el ministerio fiscal asumió durante la investigación que Park siguió ejerciendo como presidenta hasta marzo aunque el Parlamento la destituyó en diciembre (decisión que el Constitucional haría efectiva el 10 de marzo).

Falta cronograma

Esta primera sesión celebrada hoy tenía como objetivo revisar los cargos de los que se acusa a la exmandataria y comenzar a acordar las fechas para la declaración de los diferentes testigos.

En este sentido, se espera que el tribunal del Distrito Central de Seúl que juzga el caso celebre dos o tres sesiones preparatorias antes de una primera vista formal en torno a junio.

Park, que está en prisión preventiva desde el pasado 31 de marzo, encara 18 cargos, entre los que se cuentan revelación de secretos de Estado, coacción, abuso de poder y soborno, un delito que Corea del Sur castiga con un mínimo de 10 años de prisión y hasta con cadena perpetua.

La fiscalía considera probado que Park creó una red con su amiga Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina" por su influencia sobre la expresidenta, a través de la cual, entre otras cosas, solicitó y obtuvo sobornos de al menos tres grandes grupos empresariales por valor de unos 50 millones de dólares.

El caso ha sacudido los cimientos políticos y económicos de Corea del Sur, puesto que entre los implicados detenidos se encuentran presidentes de grandes empresas, entre ellas Samsung, cuyo líder, Lee Jae-yong, está en prisión preventiva desde febrero.

El caso ha supuesto la primera vez que Corea del Sur destituye a un presidente elegido democráticamente y también el primer adelanto de elecciones presidenciales (se celebran el próximo 9 de mayo) desde que el país volvió a organizar comicios democráticos en diciembre de 1987

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